Cuando el Congreso de la Nación aprobó la Ley Bases el pasado 12 de junio la coyuntura política del país cerró un primer momento marcado por fuertes turbulencias. Las tensiones entre la ofensiva reaccionaria del gobierno, la movilización en las calles y las idas y vueltas para aprobar las leyes colocaron al poder ejecutivo al borde de una crisis mayúscula de la que salió vivo gracias a la acción consciente y mancomunada del peronismo, que dejó pasivamente que el gobierno obtenga su primera victoria parlamentaria.  

Una decisión política expresada en que la CGT y CTA no llamaron a Paro General el día que era más importante hacerlo: cuando desde el Estado se pretendía aprobar una ley que atacaría todo tipo de derechos de los trabajadores y la población en general. Una clara declaración de que el peronismo puede cuanto mucho votar en contra en el parlamento, pero su condición de partido político del orden y de la estabilidad capitalista es lo que lo guía: bajo ningún término quiso organizar una movilización que impida que el Congreso apruebe la ley y de esa manera producir la desestabilización del gobierno. Una lógica cínica de “dejar gobernar” mientras millones se hunden en la pobreza, esperando que Milei “se estrelle solo” para que luego en el 2027 el peronismo pueda volver al poder. Así, a partir de la definición de ubicarse como “opositores dadores de gobernabilidad”, Milei comenzó a disfrutar de una cierta estabilidad política. Ya no hubo paros generales ni grandes movilizaciones. Los dichos de Guillermo Moreno de que Milei iba a “durar seis meses” quedaron en el olvido, mientras la CGT negocia la reforma laboral y el kirchnerismo la postulación de Ariel Lijo como Juez de la Corte Suprema.

Sobre la base de haber evitado una crisis de importancia, el gobierno aprovechó para avanzar en su programa de reformas-ataques contra todo tipo de derechos. Inició la reglamentación de la Reforma Laboral para quitar derechos a los trabajadores, habilitó las SAD para privatizar los clubes de fútbol, continuó con los despidos en el Estado Nacional y logró aprobar en Diputados la declaración de esencialidad en la educación para prohibir el derecho a huelga docente. Este último se trata de un ataque en regla muy grave, que contó con la vista gorda de la burocracia sindical de la CTERA, que no llamó a paro nacional y sólo la medianoche antes lanzó por redes una tibia convocatoria a marchar. Un claro ejemplo de la posición del peronismo de “dejar pasar” los ataques antiobreros del gobierno.

Pero la coyuntura de relativa estabilidad que hubo desde el 12 de junio comenzó a disiparse la última semana. Si bien la dinámica de movilizaciones callejeras que marcaron el pulso del primer semestre no están presentes aún (al menos en AMBA y CABA), las internas en las esferas de los partidos patronales volvieron a tensarse y el gobierno recibió esta semana tres duros golpes en el Congreso. Primero, con el nombramiento de Lousteau como presidente de la Bicameral que controla los fondos de los organismos de inteligencia. Luego, con el rechazo al DNU en la Cámara de Diputados que le habilitaba el uso de $100.000 millones de pesos para esos gastos, y finalmente con la aprobación de la nueva fórmula de indexación de las jubilaciones que llegó a obtener una amplísima mayoría en el Congreso. Se trata de un traspié fuerte para el gobierno, en tanto la tensa coalición gobernante entró en crisis, exponiendo la debilidad orgánica de La Libertad Avanza. Esto refleja las peleas políticas que hay al interior de la clase capitalista en torno al rumbo del país, donde si bien lo más granado de la patronal festeja tener un gobierno ultra pro-capitalista como Milei, no deja de tener dudas sobre cómo aplicar dicho rumbo. Pero también hay algo más detrás de todas estas peleas: crece la preocupación por la capacidad de Milei de resolver el hundimiento económico sin piso a la vista.

Una recesión económica inducida

En las últimas semanas, luego de conocerse que la recesión económica aún no tocó piso, comenzaron a encenderse algunas alarmas de importancia tanto en los mercados como en los economistas liberales que acuerdan con la burguesía en la necesidad de un ajuste y reformas pro-mercado, pero no en el plan y los modos de Milei para desarrollar ese programa.

Algo que comenzó a quedar claro para amplios sectores es que la “domesticación” de los precios de los últimos meses tuvo como correlato un empobrecimiento para las grandes mayorías ya que todo el plan económico del gobierno consistió, como señala el economista ultraliberal Carlos Rodríguez, en frenar el proceso inflacionario sobre la base de producir una brutal contracción del consumo popular. Por eso se trata no de una recesión económica “normal” sino inducida por una política de Estado que la provocó como parte de un plan. Así, comienza a generar ruido que la solución mileísta para bajar la inflación, esto es, producir una recesión sin fin, termine transformándose en un problema mayor, mucho más difícil de resolver, puesto que el entramado industrial del país está sufriendo una caída como pocas veces se ha visto de forma tan acelerada en tan pocos meses.

Los números son elocuentes. La Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) publicó un informe donde señala que la caída interanual llegó al 11,7%, con un uso de la capacidad instalada 9,6% menor que hace un año atrás. Los picos de caída se encuentran en las industrias ligadas a la construcción y al sector automotriz. Por el lado del consumo masivo, la caída no encuentra piso. Según datos de la consultora Scentia, que mide a las grandes cadenas de supermercados y autoservicios, las ventas cayeron un 16,1% en julio respecto del mismo mes de 2023, siendo la peor caída en lo que va del año, y todas las previsiones indican que Agosto será peor. En productos frescos hay datos históricos. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el consumo de carne está en su piso histórico en 100 años, con 45 kilos por habitante por año, en comparación de los 75 kilos de los últimos años. Y el consumo de leche va en el mismo sentido, donde el Observatorio de la Cadena Láctea señaló que cayó 16% de forma interanual.

El otro lado de la recesión y la caída en el consumo es la brutalidad de la crisis social que no para de aumentar. Se trata de números que expresan el impacto de las medidas económicas de ajuste sobre la población. En primer lugar, hay que recordar que los trabajadores vienen de acumular una pérdida de poder adquisitivo desde el 2017 de 40% aproximada para el sector público y 25% para el privado. Sobre esa base y con la inflación a la baja en los últimos meses, desde noviembre de 2023 los salarios privados registrados cayeron un 5% y el sector público un 20%. Pero estos números no reflejan a la enorme cantidad de trabajadores no registrados, en negro, que suman varios millones y carecen de paritarias.

Es ahí donde asoman los datos del crecimiento del desempleo. En un informe del instituto CEPA, la cantidad de trabajadores registrados cayó en 265.308 desde noviembre de 2023 a mayo de 2024, cayendo de 9.857.173 a 9.591.865. En términos de cantidad de empresas esto implicó una pérdida de 9.972 unidades productivas, pasando de 512.357 (nov. 23) a 502.385 (may. 24). Dos datos interesantes sobresalen del informe. De las casi 10.000 empresas que cerraron, tan sólo el 0,5% pertenece a las que contratan más de 500 trabajadores, lo que es lógico porque se trata de los grandes grupos económicos que tienen espalda de sobra para hacer frente a la contracción de ventas por la caída del consumo. Pero el otro dato que va de la mano es muy revelador: más del 70% de los nuevos desempleados son de estas grandes empresas. Es decir, las grandes patronales no sólo tienen enormes ganancias, sino que además están mejorando sus dividendos despidiendo trabajadores, utilizándolos como variable de ajuste. Un comportamiento típico de los capitalistas. Ejemplos de estos se están viendo ahora en las fábricas del neumático que vienen de amasar fortunas, pero están echando a cientos de trabajadores.

Como resultante de la caída de los salarios y el empleo, la indigencia y la pobreza están trepando a velocidad record. Según el informe de la UCA basados en datos del INDEC, la pobreza en el país escaló al 54,9% y la indigencia al 20,3%. Tan sólo en el primer semestre del año 1,5 millones de niñas, niños y adolescentes ingresaron en la pobreza, llegando a totalizar 8,6 millones. En relación a esto, la semana pasada se conoció a través de UNICEF que más de 1 millón de chicas y chicos se van a dormir sin cenar, revelando la miseria que atraviesa a las familias trabajadoras.

Todo un cuadro de situación cada vez más duro para millones, que comenzó a expresarse en una creciente bronca contra el gobierno incluso entre sectores de trabajadores que votaron a Milei con la esperanza de un mejoramiento económico, y ven que fueron 8 meses durísimos y que todo indica que va a seguir empeorando. Entre sectores fabriles y registrados, las preocupaciones por la reforma laboral, el impuesto a las ganancias sobre el salario y las paritarias miserables de los últimos meses son materia de conversación y preocupación creciente, avanzando una conclusión: que el gobierno de Milei no vino a hacer un cambio favorable a los de abajo, sino incluso que está agravando las condiciones de vida.

La crisis del peronismo y la traición de la burocracia sindical

Otro elemento central de la situación política es la crisis que está atravesando el peronismo. El escándalo a raíz de las revelaciones del caso de las agresiones machistas de Alberto Fernández contra Fabiola Yánez sumó otra dimensión a una crisis que viene acumulándose y tiene muchos aditamentos. En primer lugar, el peronismo viene de gobernar con una gestión en lo económico continuista del esquema dejado por Macri, aumentando los índices de pobreza, sumándole otros 4 años de empeoramiento de las condiciones de vida de la población a los 4 previos del macrismo. El balance en la memoria social es abiertamente negativo y eso explica en parte el hartazgo social que empujó el crecimiento de Milei. Pero a esa crisis se le suma que es vox populi que el peronismo ayudó a Milei a llegar al poder, con financiamiento económico y el armado de las listas. Y ahora ni hablar que quien fuese candidato a presidente, Scioli, revista en parte de sus filas. Sobre toda esa deriva es que cae el caso de violencia de género de Fernández, configurando una verdadera crisis de representación política.

Ahora bien, ¿Cómo se traslada esta crisis de representación política en el mundo sindical, en las representaciones de los sindicatos, movimientos sociales, centros de estudiantes? Vale decir que esto no es mecánico. Aunque es cierto que entre cada vez más amplios sectores se ve a la burocracia sindical muy distante de los trabajadores que dice representar y muy poco dispuesta a organizar la fuerza de los trabajadores para defender sus derechos y hacer frente a las políticas antiobreras del gobierno. Más bien al contrario: se ve una burocracia tibia y dispuesta a dejar pasar los ataques, tal como hizo la CGT en los 90´ con las contrarreformas neoliberales de Menem. Una orientación política traidora que los trabajadores tenemos que rechazar y combatir para que los sindicatos sean verdaderas herramientas de organización, de participación democrática y de lucha, y no como ahora en donde la mayoría son controlados por las burocracias para negociar favores con el gobierno y las patronales.

Organizar la bronca social para pelear por nuestros derechos

Al calor de la recesión y pérdida del poder adquisitivo del salario se vienen sucediendo distintas luchas de trabajadores. A nivel educativo tuvimos las jornadas de paro universitario, aunque sin movilizaciones por la política de CONADU y FATUM que se negaron a darle un canal activo con acciones callejeras, como sucedió en el primer semestre. Además, se vienen desarrollando grandes huelgas y movilizaciones docentes en Neuquén y Córdoba por salario y contra el presentismo, y los aceiteros estuvieron una semana con un contundente paro demostrando que hay condiciones para salir a luchar si hay una decisión en ese sentido.

Otro cantar tenemos en el AMBA y la Provincia de Buenos Aires, donde las conducciones sindicales se ubican como amigas del gobierno de Kicillof y negocian paritarias completamente insuficientes alegando que “no hay plata para aumentos mayores” cuando fue el propio gobernador que anunció que tenía un superávit de 690.000 millones de pesos. Este pacto sindical de “no hacer olas” en la Provincia de Buenos Aires es todo un problema para organizar la fuerza de los trabajadores en un momento de graves ataques, lo que reafirma más que nunca la necesidad de tener sindicatos que sean independientes políticamente de los gobiernos capitalistas de turno y que estén dispuestos a movilizar en defensa de los derechos laborales.

En el horizonte, la situación social para los trabajadores seguirá agravándose por las políticas de ajuste del gobierno y las patronales, además de los ataques reaccionarios contras las libertades democráticas y derechos conquistados con años de luchas. Por eso y frente a la pasividad de las direcciones sindicales, las y los trabajadores y la juventud tenemos que dar pasos en fortalecer nuestra organización independiente, desde abajo, democrática y combativa.

Tano Simonetti

24 de agosto de 2024.