Informe sobre situación política nacional para el I Plenario de la Organización Socialista de los Trabajadores.
En pocos días se estará por cumplir un año desde la asunción del gobierno libertario de Javier Milei en una coyuntura política que en muchos aspectos contrasta de manera contundente con lo vivido los primeros meses de este largo año. Si los comienzos de este gobierno estuvieron atravesados por elementos de crisis económica y tuvieron una dinámica de mayores convulsiones políticas y sociales que las que se habían vivido en mucho tiempo, la situación política actual de la Argentina parece encontrarse, por lo menos de momento, mucho más estable sin grandes desarrollos por abajo.
En este contexto el gobierno termina su primer año fortalecido políticamente y mostrándose ganador en lo que respecta a varios aspectos de su programa económico. Revitalizado por los indicadores económico-financieros, sostenido por un grado de recuperación de su imagen y envalentonado por el reciente triunfo de Donald Trump, Milei actúa como si hubiera logrado la estabilidad del país, algo que evidentemente nadie se atreve a aseverar.
Sin embargo, a pesar de que la coyuntura sea conservadora, y Milei aparezca con la iniciativa política, la realidad argentina contiene varias determinaciones contradictorias que es necesario ir desarrollando para aproximarse a una síntesis del momento actual que estamos viviendo. Como es natural, ninguna caracterización sobre la situación política, o sobre el gobierno puede ser un conjunto de definiciones estáticas. Más bien, toda síntesis se desprende de los alcances y los límites de cada fenómeno. Todo análisis serio debe partir de entender y apreciar en cada momento la relación de fuerzas actuantes entre las clases sociales.
Un año de resistencia al ajuste
Como decíamos al principio, la dinámica de los acontecimientos políticos y de la propia lucha de clases durante este año muestran contrastes y contradicciones enormes. El gobierno termina su primer año de manera opuesta a como lo comenzó.
El sentimiento de amplias capas de la población, mucha de la cual se ha manifestado contra este gobierno, parece tener cierto grado de cansancio, y lo que domina por ahora es la calma política. Por ese motivo, sería equivocado juzgar el nivel de predisposición a la acción desde abajo, en el marco de que los principales partidos políticos como el peronismo y las centrales sindicales como la CGT están esperando desesperadamente las vacaciones. Sin embargo, está claro que el mes de diciembre parece ser lo opuesto por el vértice a los primeros meses del año. Nada de esto niega que el sentimiento de cansancio que se percibe no es producto de una desmoralización de los trabajadores que se ubican en la vereda de enfrente a este gobierno. Pero junto con esto, es importante dar cuenta que detrás de la calma, que resta ver cuánto de estable tiene, persiste un extendido malestar de importantes sectores de la clase trabajadora y las clases medias en relación con el deterioro de las condiciones de vida producto del ajuste. Cierto es, también, que el gobierno todavía cuenta con una base social que lo apoya esperando pasivamente un cambio en su situación material, dado que todavía los elementos de crisis no resuelta están latentes y una parte de los trabajadores se encuentran en una línea de flotación, por así decirlo, que les permite aguantar más el deterioro que otros sectores con menos recursos. Amén de que todavía esta situación convive con una ideología más conservadora.
Cuando asumió, Milei contaba con un alto grado de legitimidad que significó el 56% de los votos en el ballotage. Cabe destacar aquí que, si bien esa votación tenía elementos de voto bronca contra el gobierno de Alberto Fernández, de conjunto el voto a LLA tuvo un contenido reaccionario1.
Parte de su legitimidad estuvo sustentada por la ruptura política y el desprestigio que una gran parte de las clases medias y una buena parte de la clase trabajadora tenían hacia la fracasada gestión del gobierno anterior. La situación económica casi hiperinflacionaria y la profunda crisis social que generaba volcó a un gran sector de la población a votar a Milei. Sin embargo, ya durante el propio ballotage se expresó, por otro lado, un 44% de la población que fue el núcleo más orgánico de la clase trabajadora y los sectores progresistas que alertaban del riesgo de un gobierno de extrema derecha. De ahí surgió una vanguardia que luchó desde los primeros momentos del año y se cristalizó como oposición al gobierno. El punto de lanzada de eso fue la marcha del 20 de diciembre organizada por la izquierda para enfrentar el protocolo anti-piquetes de Bullrich. Luego vinieron los cacerolazos importantes en varios puntos del país que manifestaban el claro rechazo a los DNU y las primeras medidas del gobierno.
Con el desarrollo del año y en la medida que se alejaba el recuerdo del pasado gobierno, cobró más peso las consecuencias de las medidas de Milei. Ya contaba con su propio pasado. El mantra de “no hay plata” o “el ajuste lo paga la casta” pronto se reveló como lo que verdaderamente es: que la motosierra y el ajuste fue para los trabajadores, jubilados, salud y educación y que la casta se la veía de fiesta como parte del gobierno.
Así, frente a los ataques apareció el contrapunto de enormes acciones de defensa por parte del movimiento de masas. Por un lado, la presión social por abajo de una franja importante de la clase trabajadora, y por la brutalidad de las medidas de shock, hasta cierto punto obligaron a sacar a la dirigencia sindical a la calle habilitando la lucha contra el gobierno. Ahí estuvieron la concentración en Tribunales, el histórico paro del 24 de enero, y las marchas del 8 y 24 de marzo. En el medio se cruzaron jornadas de lucha importantísimas frente al Congreso, las de los movimientos sociales frente a la persecución política, el estallido social de trabajadores en Misiones, además de toda una serie de huelgas por sector como los metalúrgicos, trabajadores de la salud, las universidades, aceiteros, aerolíneas, etc.
El desfinanciamiento a las universidades había dejado claro que era un objetivo de la motosierra. El gobierno buscó meterse con uno de los elementos con mayor legitimidad social como la educación universitaria y obtuvo como respuesta una jornada de marchas a nivel nacional que contó con un millón de personas y una categórica simpatía de la clase trabajadora y la sociedad, que lo obligó a retroceder teniendo que poner parte del dinero para su financiamiento.
Un primer momento, entonces, que podemos sintetizar como de ataque reaccionario desde el Estado y defensa activa por parte del movimiento de masas. La resultante de esta contradicción ha ido variando en esos meses. Por momentos el gobierno atravesó varias crisis, como la parlamentaria que le valió la caída de su primer intento de “refundar el país” con la Ley Ómnibus, en donde chocó con sectores del propio régimen político que le marcaron ciertos límites a su intento de llevarse puesto una parte sustancial del andamiaje legal del Estado.
El punto de inflexión de la situación política y en consecuencia con las bases de apoyo de Milei fue finalmente la ajustada aprobación de la Ley Bases. Si no lograba dicha aprobación en el Senado, la dinámica de la crisis política se hubiera precipitado en escalada con consecuencias inciertas. La burguesía local y foránea, si bien de conjunto apoya el plan del gobierno, mide a cada momento su capacidad de gobernar, de ejercer el poder y darle un carácter estable a su plan de reformas pro mercado. Difícilmente el empresariado acepte invertir en un país en crisis con un gobierno incapaz de garantizar la aprobación de leyes y cierta estabilidad al menos en el mediano plazo. Pero no fue el caso. La aprobación de la ley, aunque muy retaceada, logró un corte en la dinámica de la crisis en ciernes y por lo tanto evitó que los mercados le bajen el pulgar al gobierno.
Sobre ese envión el gobierno se jugó a pasar el veto a los jubilados y a las universidades. No fue solo fortaleza política, contó con la colaboración traidora de parte del peronismo y de la oposición y la pasividad que jugaron las direcciones sindicales que mantuvieron encorsetados las expresiones de lucha como producto de esos zarpazos reaccionarios. Con la excepción de la lucha educativa que tuvo elementos de desborde y dimensiones históricas (profundizaremos sobre esto más adelante), el resto de las respuestas y acciones de lucha de los trabajadores tuvo un carácter de vanguardia.
La dureza del plan del gobierno no se debe sólo por motivos económicos, sino también políticos. La parte del PBI en discusión para la cuenta de las jubilaciones y las universidades no movía el amperímetro de las cuentas fiscales. En su discurso se mostró defensor del ajuste fiscal. El trasfondo fue mostrarse firme de cara a la burguesía y el FMI para ser capaz de obtener un triunfo político por sobre el movimiento de masas, aun a pesar de perder parte de su legitimidad. En esto Milei no inventó nada. Su actuación ofensiva de buscar imponerse por medio de la fuerza y no de los consensos dentro del régimen es parte de una dinámica más general de la lucha de clases en un mundo polarizado. De manera similar, Macron en Francia logró hacer pasar la reforma previsional en medio de luchas masivas y una crisis política. Como resultado perdió la legitimidad, pero ganó imponiendo su contrarreforma. Milei perdió el debate político, pero impuso el ajuste fiscal.
Sin embargo, si bien de momento repuntó en su imagen positiva, respecto a lo que había caído, la experiencia de lo que significó el ajuste draconiano de este gobierno hizo que un sector sacara las conclusiones de su carácter antipopular y antiobrero, manteniendo el panorama actual con un alto grado de polarización política.
Milei quiere ser Thatcher. La Argentina no es la de los 90´
La primera definición es que si bien el gobierno tuvo sus victorias políticas no logró derrotar al movimiento de masas. Lo planteamos en estos términos porque hay una relación directa entre la capacidad de Milei de aplicar su plan de gobierno en materia económica y social, y la resistencia en la calle que le pone ciertos límites.
El programa económico de Milei es una declaración de guerra contra la clase trabajadora y los sectores populares. Es inevitable hacer paralelismos históricos, y a veces suele ser un buen recurso para encontrar la medida de las cosas. Salvando las grandes diferencias del periodo actual con los anteriores, otros gobiernos bajo una ofensiva neoliberal más dura buscaron transformar las condiciones estructurales de explotación de la clase trabajadora. Ese fue el caso de Thatcher, y el menemismo en Argentina durante la década de los 90, entre otros, en un contexto internacional marcado por la caída del muro de Berlín y el fracaso de la URSS.
Milei se referencia con ellos no casualmente. El objetivo del gobierno junto a los principales sectores de la burguesía es operar un cambio global de la Argentina en el sentido de potenciar todos los niveles de explotación laboral, la desregulación económica, una mayor apertura hacia capitales imperialistas y como regla general convertir todo lo que sea un derecho social en una mercancía.
Pero nada de esto es posible de lograr sin infringir una profunda derrota histórica de los trabajadores, un hecho que no se mide solo en el plano de la economía, sino también en términos de la organización, conciencia y disposición para la lucha. Argentina sigue definida en gran medida por las huellas de la rebelión popular del 2001. No solo en términos de conquistas materiales, sino en relación a los niveles de organización, el ejercicio de la lucha y también una recomposición orgánica de la clase trabajadora.
Milei parece haber arrancado su mandato siguiendo los consejos de Maquiavelo de hace 500 años: provocar el mal y las injusticias en un tiempo breve y administrar las buenas nuevas en cuotas en el tiempo. No sabemos si leyó al florentino, pero sí sacó balance de la gestión macrista, que quemó todas las naves de legitimidad que tenía estirando el ajuste en cuotas. Aunque Milei parezca decidido a imponer todo su plan de un arrebato, los acontecimientos de este año demuestran que la estrategia maquiavélica está condicionada por la marcha y contramarcha de la lucha de clases. El gobierno no se atrevió a chocar de frente con el movimiento de masas logrando cambiar la estructura de clases del país.
Por ejemplo, el objetivo de fondo de imponer contrarreformas en las relaciones del trabajo, mediante una reforma laboral profunda que convalide mayores niveles de explotación en el corazón de la industria quedaron fuera de la Ley Bases como marco regulatorio. Todavía no está dicho si va a ser capaz de aplicar esas contrarreformas en las principales ramas industriales del país. Y de ser así, no hay dudas que conllevará grandes luchas.
Junto con esto están todos los intentos de privatización de empresas de carácter nacional. El caso más emblemático es el de Aerolíneas Argentinas. De momento, la propia lucha de los trabajadores por sus condiciones salariales y los límites mismos que le impone el régimen le han impedido avanzar en ese sentido. Privatizar esa empresa como otras es algo que tiene que pasar por la mediación en el congreso y en gran medida todavía perdura la experiencia de las privatizaciones de los 90 que ha terminado destruyendo parte del entramado industrial nacional.
Tampoco en materia de género ha logrado su cometido de fondo más allá del ajuste presupuestario. Cerró el Ministerio de la Mujer (apoyado sobre el desfinanciamiento del gobierno anterior), pero ni se atrevió a meterse con la ley de la IVE.
Lo cierto es que el grueso del ajuste macroeconómico ha sido por la vía de la inflación, el aumento de la pobreza y los despidos. De todas maneras con una gravedad inusitada dado que el impacto de estas políticas y la recesión económica inducida hacen que las consecuencias de estos pocos meses sean comparables a las del mandato de Macri.
Esto nos lleva a la contradicción entre el grado de ofensiva política propia y la debilidad orgánica del gobierno. Ambas características conviven en simultáneo, pero sería incorrecto caracterizarlo sobre una de ellas o ponerlas en el mismo plano2. Como decía Maquiavelo “las armas con que un príncipe defiende su Estado son o las suyas propias o armas mercenarias, o auxiliares, o armas mixtas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas”. Definitivamente Milei avanzó con armas más auxiliares que propias. Desde ya que usa parte del apoyo que tiene, pero compensa su debilidad orgánica (la falta de gobernadores y el exiguo peso en el congreso) con la política de gobernabilidad que le otorgó la oposición empezando por el PRO, la UCR, hasta sectores del peronismo y la burocracia sindical. Es un gobierno que exhibe fortaleza política pero no es suya del todo.
Parte de ese apoyo es la coincidencia en algunos puntos de su programa político y que pide la burguesía a gritos para terminar con los resabios de la argentina indomable post argentinazo, como la reforma laboral contenida en la Ley Bases pactada con las conducciones sindicales.
Pero, de conjunto, cuando estuvo en jaque el gobierno, la oposición colaboró con los votos faltantes tanto para la Ley Bases como para los vetos al financiamiento educativo y del aumento a las jubilaciones. Si fracasaba en esos puntos quedaba puesto en cuestión el plan de gobierno y era incierto el escenario político con la bronca social expresada en las calles. Nuevamente el miedo del régimen al desarrollo de la protesta social garantizó la gobernabilidad a Milei.
En definitiva, el escenario político actual todavía tiene un conjunto de mediaciones a las pretensiones del gobierno. Por ahora, Milei logró pasos tácticos por medio de decretos. Incluso la Ley Bases, que terminó muy matizada, no constituye la profundidad del programa de cambio estructural. El grueso de la burguesía local y foránea apuesta por Milei, pero con reparos y contradicciones. Siguen a la espera de si él logra construir sus propias armas e imponer su plan por medio de leyes lo cual tendría mayor solidez política y de mayor alcance en el tiempo.
Sin embargo, sería completamente erróneo adelantarnos aquí una resultante que todavía tiene que ser procesada en la lucha de clases y que tiene todos los grises y mediaciones de los cuales venimos intentando dar cuenta. Y el hecho que Milei no haya podido avanzar en contrarreformas estructurales no implica que no logre hacerlo. Para eso, tendrá que ir de frente contra la clase trabajadora y el movimiento de masas, de ahí que la situación no deja de ser de alerta por la peligrosidad que entraña en este gobierno.
Un gobierno enemigo de los DD.HH.
Una dimensión específica de la lucha contra el gobierno durante este primer año estuvo vinculada a la defensa de las libertades democráticas. El gobierno empezó su mandato amenazando con prácticamente prohibir la protesta social, anunciando que de ahora en más las marchas debían ser “por la vereda” e incluso fantaseó con la idea, presente en el primer borrador de la Ley Ómnibus, de establecer un régimen donde se tenía que pedir autorización para realizar una protesta o cualquier concentración de personas en el espacio público. El tan mentado y mediáticamente explotado “protocolo anti-piquetes» fue desafiado rápidamente por la izquierda en la movilización del 20 de diciembre, como mencionábamos más arriba, lo que colaboró en habilitar la oleada de cacerolazos y manifestaciones espontáneas de fin de año, cuando el gobierno lanzó el mega DNU.
Finalmente, las escandalosas limitaciones al derecho a la protesta social planteadas en la Ley Ómnibus no quedaron en el texto final de la Ley Bases. Sin embargo, el gobierno atacó de hecho el derecho a la protesta durante todo el año, principalmente mediante el uso de la represión policial en prácticamente todas las marchas y manifestaciones, llegando incluso a no tener pruritos en reprimir (reiteradas veces) las concentraciones de jubilados frente al Congreso. Pero el hecho más grave con el que el gobierno intentó atacar el derecho a la protesta se dio el día de la aprobación de la Ley Bases en diputados, el 13 de junio. Ese día el gobierno montó todo un operativo para llenar la concentración de provocadores e infiltrados con el objetivo de justificar la represión y, más grave aún, la detención arbitraria de 33 personas en el marco de la manifestación en rechazo a la Ley. En este punto el gobierno actuó en connivencia con sectores de la justicia, (como el ultra reaccionario fiscal macrista Carlos Stornelli) trasladaron a los detenidos a distintos penales e incluso intentaron imputarles delitos graves como “terrorismo” o “sedición”. A partir de estos graves ataques, hubo una reacción democrática muy grande en la vanguardia e incluso sectores más amplios que llevaron adelante una campaña por la liberación de los detenidos, algo que finalmente se logró paulatinamente, y el gobierno y la justicia debieron retroceder en su intento de disciplinamiento y cercenamiento del derecho a la protesta.
En la misma tónica, durante el año el gobierno llevó adelante una agenda ultra reaccionaria en relación con los Derechos Humanos. Para el 24 de marzo lanzó una campaña ya no sólo negacionista sino directamente pro-genocida, dándole voz a familiares de los militares y presentándolos como las “verdaderas” víctimas. Los ataques y las provocaciones de este estilo perduraron durante todo el año, como la provocación del desfile militar del 9 de julio con Milei y Villarruel subidos a un tanque de guerra o hechos más graves como la escandalosa visita a genocidas presos por parte de un sector del bloque de diputados de LLA, visita que estaría relacionada a un proyecto para liberar a los represores, ataque que evidentemente el gobierno tiene en el tintero, pero con el que todavía no definió avanzar debido al gran repudio social que cosechó la noticia, haciendo que incluso algunos de los diputados involucrados intentaran “despegarse” del asunto.
Una crisis estructural del capitalismo dependiente en un mar de interrogantes
Vamos a abordar los elementos de la coyuntura económica. A caballo de los triunfos políticos, el gobierno viene mostrando números macroeconómicos que lo ponen en un estado de euforia. En las últimas semanas, todos los medios y parte del establishment vienen describiendo la situación como “un veranito financiero” debido a la baja del índice de inflación y del riesgo país, y un esquema de apreciación cambiaria. Pero lejos de festejar, esto genera alarmas y abre muchos interrogantes en relación a la capacidad de estabilización económica durante el próximo periodo. ¿Se trata de una situación en la que se alejan los nubarrones de la crisis por largo tiempo o es solo un respiro coyuntural? Nuevamente la respuesta a esta pregunta no solo depende de la economía, sino también de la política y las relaciones de fuerzas entre las clases.
En primer lugar, algo que comenzó a quedar claro para amplios sectores es que la “domesticación” de los precios de los últimos meses tuvo como correlato un empobrecimiento para las grandes mayorías ya que todo el plan económico del gobierno consistió, como señala el economista ultraliberal Carlos Rodríguez, en frenar el proceso inflacionario sobre la base de producir una brutal contracción del consumo popular. La recesión económica inducida por una política de Estado es una de las principales causas, pero no la única. Las otras anclas inflacionarias son el profundo atraso salarial, el dólar barato y la baja de los precios de las materias primas que se exportan al exterior.
En los primeros 10 meses de gobierno, la inflación acumulada fue del 107%. Junto con esto, los niveles salariales promedio del empleo registrado marcan una baja muy grande que no recupera los valores previos a la mega devaluación de diciembre. Si se toma por ejemplo el promedio del poder de compra de los trabajadores en el último año, es decir, el valor del salario con las paritarias en contraste con la tasa de inflación, la caída marca aproximadamente un 13%. Pero dentro de este valor hay que desagregar los sectores más golpeados por el ajuste: los jubilados, los trabajadores que cobran la mínima y los estatales, que registran caídas mayores. También en el ámbito privado se perdió mucho poder adquisitivo. Esta enorme transferencia de riqueza de los trabajadores a los capitalistas por la vía de la devaluación y la inflación de los primeros meses contrajeron la producción y el consumo a niveles similares a los de 2002.
La dinámica de recesión está lejos de terminar como pregona Milei, aún con el dólar barato, entre otras cosas, porque la capacidad de consumo del asalariado promedio se encuentra en el valor de una canasta familiar. Esto es lo que hace que persista la bronca entre amplias franjas de masas, algo que hasta tiene que reconocer la prensa más afín al gobierno: “el gobierno de Milei aún no logra articular un discurso efectivo que conecte la lucha contra la inflación con la mejora social, especialmente para los más vulnerables”3. La razón de que no lo puede vender discursivamente es porque no hay mejora social real.
A esto se suma algo ya conocido en la historia reciente del país. Mayor desregulación económica, eliminando los ya de por sí magros controles de planificación estatal sobre el comercio y la producción como el impuesto PAIS y las trabas a las importaciones.
Las medidas de los últimos meses son muestra del esquema ultra neoliberal que busca implementar Milei como forma de estabilización económica. Lo cual amenaza con poner en tensión todas las taras de la economía de un capitalismo dependiente. La Argentina necesita de dólares para funcionar. Sin embargo, el mantenimiento artificial de la apreciación cambiaria y la apertura a las importaciones pueden generar presión sobre las reservas del BCRA. Aunque hayan entrado aproximadamente 21.000 millones de dólares por el blanqueo de capitales (una medida para beneficiar principalmente a los peores fugadores seriales), lo cierto es que esa medida es por única vez, y las reservas reales siguen amenazadas, entre otras cosas, por los vencimientos de deuda externa con el FMI y demás organismos de crédito.
Por otro lado, los dólares reales que podrían entrar por el aumento de las exportaciones de petróleo, minería y litio están lejos todavía y requieren de mayor inversión e infraestructura incluso con el RIGI aprobado. Por poner un ejemplo, el caso del proyecto de la planta de licuefacción de gas para exportación que se piensa realizar en Rio Negro y cuyo principal inversor, la petrolera malaya Petronas, se bajó. En esto se puede ver la incapacidad de la burguesía para garantizar lo que Marx denominaba “las condiciones generales de la acumulación capitalista”: Es decir, un determinado nivel de infraestructura y condiciones externas a la producción que haga posible el desarrollo productivo. De ahí que el nivel de competitividad y productividad sea bajo, aunque mantenga niveles de industrialización relativamente altos en términos de la región, con una masa asalariada moderna. Es el desarrollo desigual y combinado de un país semicolonial dependiente cuyo principal motor es la exportación de materias primas, pero con una clase obrera con un determinado nivel de conquistas relativamente alto.
Las medidas de Milei de favorecer las importaciones ya están resintiendo parte del entramado industrial local. Algunas se están reconvirtiendo en importadoras y revendedoras y otras corren el riesgo de cerrar. En cualquiera de los dos casos el efecto es el que ya se vio todo el año. La desindustrialización y la recesión están aumentando los despidos a un ritmo acelerado.
Si bien el efecto de los despidos puede ser un enfriamiento en términos de la reacción de los trabajadores, lo cierto es que las responsabilidades políticas de estos ubican al gobierno en el centro. Y como dijimos anteriormente, la clase trabajadora no ha dicho la última palabra.
En definitiva, los elementos más estructurales nos remiten a un escenario con similitudes a las de la convertibilidad de los 90´ pero ahora sin la entrada de dólares suficientes para financiar esa fiesta capitalista. Estamos en el peor ciclo de endeudamiento externo y aun con Trump en EEUU no está claro que pueda facilitar una vía de financiamiento a través de tomar más deuda. Los efectos que pueda generar el flujo de capitales hacia ese país por la eventual suba de tasas de interés de la Reserva Federal ponen muchos interrogantes en el futuro próximo para las intenciones de estabilización económica, amén de la mayor demanda de dólares sobre las reservas del país por las importaciones. A este respecto, es escandaloso el DNU para renegociar la deuda sin ningún tipo de exigencia que evite empeorar las condiciones de endeudamiento de Argentina y sin pasar por el Congreso (es algo que está a la derecha incluso de las legislaciones de la mayoría de los países).
De todas maneras, lo que se avizora puede ser mayores enfrentamientos de clase. Aunque el año que viene sea electoral, el plan de guerra del gobierno va a continuar como les confesó a los empresarios en la Unión Industrial Argentina (UIA): “Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes”. La política de déficit cero expresado en el presupuesto 2025 va a tener un correlato en más ajuste para la educación, salud y paritarias a la baja. A estas alturas existe la posibilidad también de que el gobierno no trate el presupuesto, lo cual le daría más discrecionalidad para ajustar aún más las cuentas públicas y en tal caso acelerar esta dinámica de ajuste.
Entre la contención y la crisis del peronismo y la burocracia sindical
Todo este año fue de una experiencia de lucha de una amplia vanguardia que se encuentra en la oposición y que más allá del impasse que se vive hay lecciones adquiridas de cara a lo que se viene. Mientras que por abajo, en la amplia vanguardia se vivió un clima de movilización buscando derrotar los planes del gobierno, las direcciones sindicales de la CGT y CTA estuvieron más preocupadas en “administrar” esa bronca aplicando una política de dosificar las protestas de modo que no salgan del orden institucional. Una política traidora defensora de la gobernabilidad y que le permitió a Milei continuar con sus ataques.
De hecho, cuando se aprobó la Ley Bases, como así también cuando el Congreso ratificó el veto a la Ley Universitaria, la CGT no llamó al Paro Nacional con movilización, lo que hubiera permitido movilizar a cientos de miles. Se trató de una definición política clara por parte de la burocracia: “se va a movilizar, pero sin desestabilizar al gobierno”. Dicho de otra manera: la “pata sindical” del peronismo va a jugar un rol opositor, pero sin “ponerle palos en la rueda” al gobierno. De otra manera sería inexplicable cómo un gobierno tan minoritario en poder estatal pudo hacer pasar toda una serie de ataques y llegar a fin de año relativamente fortalecido. En ese aspecto la CGT Y la CTA jugaron el rol para lo cual existen: ser un factor de estabilidad política de la burguesía y el Estado burgués, y no una representante legítima de los trabajadores en la defensa de sus derechos.
Este fenómeno tiene su contraparte dialéctica. La contención social y el encorsetamiento cuesta caro cuando el ajuste es tan brutal que el actual. Vimos en muchos conflictos, desde salud hasta aerolíneas, pasando por los docentes, etc., que el cuestionamiento de un sector de las bases hacia sus direcciones es un denominador común. Esto profundizó un escenario de crisis interna dentro de la burocracia que llevó a la ruptura de Pablo Moyano con el resto de los “gordos”. De todas maneras, hay que si ahora un sector de la burocracia posa más de combativo no es para desarrollar la lucha, sino para maniobrar y no perder la dirección cuando las bases presionan por izquierda. De todas maneras, esto no arrancó este año, el desprestigio de las conducciones sindicales tiene ya unos cuantos años, principalmente desde la gestión macrista. En este contexto, es importante ver cómo se desarrolla este fenómeno.
Por su parte, ahora el peronismo está tratando de prepararse para las elecciones del año que viene. Pero las feroces internas entre Cristina Kirchner y Kicillof no han hecho más que enturbiar el panorama ya crítico, luego del golpe electoral del año pasado. Un síntoma de la derrota política que sufrió el peronismo es que ahora sea la propia ex-presidenta la que ensaya un discurso girado a la derecha: habla bien de Trump, de la necesidad de una reforma laboral, contra el déficit fiscal, etc. Algo que no se trata sólo de intentar comer votos por derecha de Milei, sino una confesión de un giro hacia los propios requerimientos de la burguesía en este nuevo período de ataques y ajustes sobre la clase trabajadora. De hecho, no han esbozado en todo este tiempo un verdadero programa económico y político alternativo al gobierno de Milei, sino críticas aisladas.
Hay que destacar que la crisis del peronismo en Argentina es también la expresión de los progresismos y gobiernos de perfil antineoliberal en el plano internacional. Frente a un capitalismo estancado y mediocre en sus tasas de crecimiento, y una extrema derecha a la ofensiva, los sectores de centro y centro-izquierda se están mostrando impotentes y en franca crisis política. El caso del Partido Demócrata en EEUU expresa esto, o en Francia, que el Frente de Mélenchon hizo una buena elección pero no le dio la fuerza ni se dio una política para derrotar a Macron, que terminó imponiéndose tras el hundimiento electoral. En este aspecto, hay una lección política importante: en este nuevo período político de mayor crisis social, de creciente polarización política, de crisis de representación de los partidos políticos tradicionales de la burguesía, se achican los márgenes para políticas moderadas y crecen las expectativas para soluciones más radicales. Si bien hoy, en una coyuntura girada a la derecha, es capitalizado por la extrema derecha y sus discursos de perfil “antisistema”, mediante un giro de la lucha de clases y ascenso de las luchas sociales, puede ser capitalizado constructiva y políticamente por la izquierda revolucionaria. Para esa hipótesis política es que hay que ir, hoy, forjando mayores niveles de organización, formación y conciencia socialista.
Es en este punto donde adquieren un rol fundamental las formulaciones políticas, las consignas, los llamados a la acción, las denuncias, etc. La crisis de representación, del “progresismo” y también de las dirigencias sindicales representan una oportunidad histórica para la izquierda si es que esta es capaz de aportar a la comprensión política de los trabajadores los elementos anti burocráticos y clasistas al calor de la lucha.
Nos referimos a buscar en cada caso concreto los puntos de apoyo en la realidad para hacer avanzar la lucha y en esa medida pelear para la ruptura de la clase con sus direcciones traidoras. No existe forma de lograrlo sin la exigencia y la imposición de la lucha a esas conducciones de cara a la vanguardia y los que se encuentran luchando.
En todo proceso de lucha, hay una relación entre los alcances de la acción llevada adelante, el programa, y las direcciones políticas que conducen dicha acción. La experiencia transcurrida durante el año demostró la gran predisposición para enfrentar el ajuste de este gobierno. Se manifestó en marchas multitudinarias, paros nacionales, incluso toma de instituciones como el hospital Bonaparte o las facultades. Pero toda esa experiencia también marcó los límites que no se lograron traspasar: el desborde a las conducciones sindicales. Es natural que las masas avancen más rápido con los pies que con la cabeza. El sacar conclusiones de lo hecho requiere de un tiempo que la mayoría de las veces no son los de la lucha misma. Es ahí donde la intervención de las organizaciones revolucionarias es irremplazable. Este es el sentido profundo de la táctica del frente único y unidad de acción que combina la exigencia a las direcciones política el ir más allá de los que están dispuestas a hacer, y cuando no lo hacen denunciarlas por eso. Desde ya que en las formulaciones políticas no está bien plantearlo esquemáticamente. La mayoría de las veces la exigencia y la denuncia vienen de la mano. A este respecto existen incontables lecciones de la necesidad de ganarse a los obreros para la lucha, no “llamándolos” a romper con sus dirigentes, sino poniendo a estos a prueba: “La aplastante mayoría de los obreros socialdemócratas quiere pelear contra los fascistas, pero, por el momento, sólo junto a sus organizaciones. Es imposible saltarse esta etapa […] Debemos ayudar a los obreros socialdemócratas a verificar en la práctica lo que valen sus organizaciones y sus líderes”4.
Creemos humildemente que nuestra posición de exigirle a la burocracia sindical el llamado a paro general en los momentos más definitorios fue acertada. Pero esa ubicación la mantuvimos en cada conflicto que logramos intervenir, no sólo declarativamente como gran parte de la izquierda5. Tuvo la importancia de permitirnos abrir diálogo con todo un sector del activismo que forma parte de este fenómeno que venimos describiendo de falta de representatividad.
El movimiento estudiantil entró en escena
Lo que nos interesa en esta parte no es hacer solo un racconto de los hechos sino destacar los principales elementos de balance de una lucha que en un determinado momento del año hizo retroceder al gobierno, tanto en sus medidas como en el discurso. Y que además, en un sentido más profundo, fue un recomienzo de la experiencia de un sujeto político que venía ausente por unos años. La primera definición entonces es que el movimiento estudiantil entró en la liza de la lucha de clases contra el gobierno.
Se combinaron dos elementos. En primer lugar, la dinámica del ajuste educativo hasta la marcha del 2 de octubre marcó un clima político donde casi la totalidad de la comunidad educativa se ubicó en la defensa de la educación frente al gobierno. La dimensión de este ataque tocó la fibra sensible que en Argentina significa la educación pública y la gratuidad universitaria, y fue preparando las condiciones para que toda la comunidad universitaria e incluso sectores más amplios de la sociedad manifestaran su rechazo al ajuste educativo y en defensa de la universidad pública. Así se llegó a la histórica marcha del 23 de abril, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La movilización tuvo dimensiones inéditas, con más de un millón de personas en las calles de Buenos Aires y otros cientos de miles que se sumaban en decenas de otras ciudades del país. Fue sin duda una demostración de fuerza impresionante que le dejó clarísimo al gobierno que meterse con la universidad no iba a ser tan sencillo como pretendía.
El segundo elemento fue la aprobación del veto y la realización de que la vía parlamentaria, que había generado cierta expectativa, terminó siendo un callejón sin salida. La entrada en escena del movimiento estudiantil por intermedio de una vanguardia amplia fue la reacción a la bronca generada por el avance del gobierno.
A pesar de los centros de estudiantes, las facultades se empezaron a llenar de asambleas y una a una fueron definiendo la toma de la facultad para exigirle al Congreso que rechace el veto. Lo que siguió fue una verdadera explosión del movimiento estudiantil como hacía años no se veía como actor independiente, imprimiéndole a la pelea sus métodos, en primer lugar las tomas de facultades con una legitimidad social sin precedentes para este tipo de medidas. En ese marco, las burocracias no tuvieron margen para oponerse, pero lo que sí intentaron fue montarse por encima del proceso para intentar dirigirlo y mantenerlo en un cauce “controlado”. Presionaron para que las tomas sean lo más simbólicas posibles quitándole su radicalidad.
Este es un factor fundamental para comprender por qué el levantamiento estudiantil, aun con toda la legitimidad social que cosechó, tuvo todos los rasgos de una explosión: escaló rápido y de manera radical pero, el hecho de que el veto de Milei ya había pasado, sumado a la acción consciente de las burocracias estudiantiles para socavar la organización y no darle continuidad a la pelea, junto a los elementos de espontaneidad que tuvo, produjo que el estallido de bronca se disperse de manera rápida. Pero lo que está claro es que las universidades no volvieron a foja cero. El recobrar las mejores tradiciones de lucha del movimiento estudiantil es un elemento de fortalecimiento para encarar la lucha el año que viene. Como agudamente planteaba Rosa Luxemburgo en “Reforma o revolución” el avance de la clase no solo hay que medirlo en términos de la lucha económica misma, es decir solo las reivindicaciones sindicales y políticas obtenidas, sino principalmente por los avances en la conciencia y la organización.
Con todo, esta rápida finalización del proceso no significó una derrota. Más bien expresa los alcances y límites actuales de la situación política en general y del movimiento estudiantil en particular. Las tomas vinieron a inaugurar el ingreso de toda una nueva camada de activistas y luchadores en el movimiento estudiantil, que no había protagonizado una irrupción desde abajo desde antes de la pandemia. A su vez, significa el comienzo de una experiencia en la lucha contra Milei para toda esta joven generación, que en el proceso de las tomas de las facultades comenzó a forjar sus primeras armas y que dejó sentadas las bases para nuevos enfrentamientos en el marco de mayor ajuste presupuestario para la universidad en el 2025.
La próxima coyuntura electoral
Queremos abordar ahora los elementos del debate político electoral que ya comenzó a instalarse, aunque todavía de forma superestructural. Es natural que, cerrando el año, la cabeza de los trabajadores no esté presente todavía el calendario electoral, para eso falta. Pero es claro que vamos a una dinámica donde los desarrollos políticos van a estar teñidos por las elecciones.
Si bien son elecciones de medio término (lógicamente son las presidenciales las que definen los rasgos políticos de un periodo), estas elecciones pueden tener un carácter político más profundo debido a que se pone en juego la relación de fuerzas entre los partidos del régimen. Por parte del gobierno, las elecciones son su oportunidad para ampliar su base de sustentación parlamentaria. Por otro lado, al peronismo se le pone en juego la crisis política en la que está sumido y apuesta a capitalizar el descontento contra Milei.
El peronismo sufre todavía los efectos del fracaso político y electoral del gobierno anterior. Un efecto que golpea también a la propia Cristina Kirchner. En ese marco en el último periodo se reavivaron las disputas al interior del PJ para una eventual renovación de liderazgo, entre la propia Cristina y Kicillof. Sin embargo, de momento hoy parece ser la principal figura a la que apuesta el peronismo, aunque todavía resta ver cómo se va a dirimir la crisis interna no resuelta.
En otro nivel, el PRO y la UCR, que vienen en una dinámica de desintegración, no encuentran un espacio político propio. La ultraderecha de Milei ocupó gran parte del espacio y capital electoral de esas fuerzas dejándolos solo como un “oficialismo crítico”. Además, el centro de la estrategia electoral del gobierno es la polarización con CFK. Es evidente que ese juego de polarización con el kirchnerismo lo deja como la única opción de todo el espacio político anti K. En ese escenario, difícilmente el Pro y la UCR les sea fácil emprender un camino propio. Una muestra clara de esto es la negativa del propio Milei a tratar la ley de “ficha limpia” hecha por el macrismo contra Cristina para dejarla fuera de la carrera electoral por contar con dos condenas firmes en primera y segunda instancia por corrupción.
Pero además de lo que venimos describiendo, está la relación de Milei con el propio régimen político. Dentro de eso la iniciativa del gobierno de llevar adelante una reforma electoral es ultra reaccionaria y de aplicarse le imprimiría un carácter mucho más antidemocrático y restrictivo de lo que ya es.
Es claro que la preocupación de la burguesía desde el 2001 ha sido recomponer el régimen político de partidos que quedó herido de gravedad luego de que la rebelión popular echara a De La Rúa en helicóptero. Desde ese momento el rasgo electoral es de una gran fragmentación de partidos, entre ellos los cuales la izquierda aparece como un actor más, aunque todavía minoritario, pero lógicamente progresivo.
Pero los elementos de la reforma electoral son un claro ataque a las libertades democráticas. Su pretensión parece querer ir hacia un modelo más parecido al del bipartidismo norteamericano, en tanto los requisitos para poder presentarse son alcanzados por pocas fuerzas políticas. Entre ellos, plantea que para obtener la legalidad nacional hay que llegar a tener un mínimo de 37 mil afiliados en todo el país, la legalidad de 10 provincias y lo peor de todo sacar el 3% de los votos en dos elecciones consecutivas a costa de perder la legalidad y quedar afuera de las elecciones. Y con la excusa del costo que tienen las elecciones para las arcas del Estado busca eliminar el financiamiento estatal para que sean las grandes empresas las que pongan la plata para las campañas, algo que ya ocurre en EEUU. De esa manera la cancha quedaría completamente inclinada en favor de los partidos patronales, ya que lógicamente los partidos de la izquierda que representamos los intereses de los trabajadores nos financiamos de manera independiente con nuestros propios aportes. En ese contexto, las PASO proscriptivas de los K quedarían diluidas en el marco de los requisitos que propone la reforma. La proscripción quedaría garantizada haya PASO o no6.
Hay que decir que no se podría aplicar esta reforma sin el apoyo traidor del arco peronista. Como es una ley que tiene que pasar por el congreso, al gobierno todavía no le dan los votos para llegar a la mayoría ni siquiera sumando al PRO y los radicales.
Queremos dejar claro que nuestra posición política es de la más extrema defensa de las libertades y derechos democráticos de la clase trabajadora. La reforma atenta contra la posibilidad de todas las organizaciones de izquierda que representamos los genuinos intereses de los trabajadores de hacer uso de las elecciones para llevar adelante nuestro programa. Por ese motivo la primera tarea es plantear una campaña democrática lo más amplia posible que diga “Abajo la reforma electoral de Milei”. Sobre esa base la izquierda en su conjunto debe plantear un programa alternativo propio y democrático que busque superar las trabas y restricciones que contiene el régimen actual como el 1.5% que estipulan las PASO y eliminar el financiamiento privado de los empresarios para que este sea plenamente estatal y paritario.
Las tareas políticas
Como conclusión podemos decir que Argentina está atravesando una situación política reaccionaria pero que tiene dos grandes contradicciones, una económica y otra política.
Por un lado, subsiste el hecho que la Argentina está sumida en una crisis orgánica del capitalismo, que Milei, a pesar de la estabilización coyuntural de la economía, no ha logrado resolver. De ahí la brutal recesión en la que están inmersas la gran mayoría de las variables económicas.
Y, por otro lado, las relaciones de fuerza entre las clases no fueron, tampoco, resueltas de conjunto a favor de la burguesía. Es decir: a pesar de todos los ataques vividos durante todo el año, la clase trabajadora y el movimiento de masas en Argentina no ha sufrido una derrota, no ha sido desorganizado, ni desmoralizado, no han podido doblegar las enormes fuerzas que existen entre los explotados y oprimidos.
En todo caso, la agresividad de los ataques le ha planteado a la clase trabajadora mayores desafíos. En primer lugar, una conclusión: que para poder derrotar los planes del gobierno hace falta ir hacia una lucha de masas de un plano superior al que se hizo todo el año. Que hace falta un verdadero proceso de movilización de millones en las calles, sostenido, que acorrale al gobierno contra la pared, que le impida sostener su capacidad de gobernar. Nos referimos a una lucha profunda, una acción de masas contundente que combine los diferentes métodos de lucha conquistados, al mismo tiempo que la unidad de los distintos movimientos de los explotados y oprimidos. Una lucha que derrote la ofensiva capitalista de la extrema derecha y coloque a la clase trabajadora en una nueva contraofensiva, en un nuevo ascenso de las luchas sociales, que logre invertir el signo político reaccionario actual en un nuevo período político “girado a izquierda”.
De ahí viene una segunda lección: que para poder lograr esto último hay que derrotar la pasividad que impone la burocracia sindical (tanto de la clase trabajadora como del movimiento estudiantil), que sólo busca, como hizo todo el año, administrar el malestar social haciendo “cada tanto” algunas marchas y paros, pero que no tienen ninguna intención de golpear al gobierno para derrotar sus planes. En este sentido es clave impulsar la autoorganización por abajo, con asambleas, espacios de lucha, coordinaciones, etc.; al mismo tiempo que le exigimos a la burocracia que rompa la pasividad y las negociaciones traidoras con el gobierno y convoque a la lucha.
En tercer lugar, hay una lección más estratégica: frente a la extrema derecha, que plantea una “radicalización reaccionaria” de la resolución de los problemas de la sociedad, los trabajadores debemos construir nuestra propia solución política, pero en clave diametralmente opuesta. Necesitamos salir del laberinto sin salida del capitalismo y construir una alternativa que realmente cuestione las bases de esta sociedad en visible decadencia y creciente barbarie para la vida de millones. Por eso la izquierda tiene que hablar claro y posicionarse como un actor político que cuestione en clave socialista, desde la independencia de clase, desde “el campo” de los trabajadores, los jóvenes, las grandes mayorías sociales, al “campo” de los capitalistas y sus distintas expresiones políticas, como el peronismo, el radicalismo, el PRO y los libertarios. Frente al ataque sistemático a las ideas socialistas que los libertarios han instalados en el mundo, como si se tratase del intento de “volver a tirar el Muro de Berlín”, los revolucionarios tenemos que volver a colocar al socialismo como ideario, como salida global frente a la decadencia y crisis de los partidos patronales.
Se trata de una tarea política que combina diferentes actividades de manera concéntrica, al decir de Engels, una lucha teórica por las ideas socialistas, la estrategia revolucionaria, la concepción ideológica del marxismo, etc. En segundo lugar una lucha política en relación con las tareas que plantea la lucha de clases en cada momento, como hoy ordena la defensa para derrotar los ataques reaccionarios. Y en tercer lugar la lucha económica como elemento cotidiano de intervención, sindical, en cada frente de actividad por sus reivindicaciones particulares. Tres dimensiones que requieren una combinación justa en cada caso, sin caer en las distintas unilateralidades que pueden devenir en sectarismos ideológicos, en oportunismo político o en un sindicalismo raso y despolitizado.
En lo inmediato, las tareas políticas para la izquierda en Argentina radican en ligarse cada vez más a los sectores más orgánicos de la clase trabajadora, el movimiento estudiantil y el movimiento de mujeres. Al mismo tiempo debemos ir forjando una fuerza política que nos permita constituirnos como una alternativa, frente a la crisis del peronismo y la estafa que los libertarios implican para la juventud y el conjunto de la clase, y plantear la necesidad de derrotar el plan del gobierno.
- Muchos partidos de izquierda como el PO se limitaban a decir que era un voto bronca. ↩︎
- A este respecto, el PTS por ejemplo ha sostenido durante el año que se trataba solo de un gobierno débil por falta de peso en el congreso o falta de gobernadores. Luego tuvieron que matizar la posición diciendo que estaba en minoría. ↩︎
- Carlos Pagni, La Nación, “Milei, ante un nuevo ciclo de poder” 26/11/2024. ↩︎
- León Trotsky, Por un frente único obrero contra el fascismo. ↩︎
- Otros partidos de izquierda directamente se negaban a exigir al peronismo y la burocracia el paro a nivel nacional y también en el marco de muchos conflictos. Fue el caso del PTS y el Nuevo Mas que llegó al ridículo de plantear que era mejor que la izquierda luche sola y no en unidad de acción con la CGT y CTA. ↩︎
- Mientras el PTS está centralmente preocupado por que continúen las PASO y todo su carácter proscriptivo, el Nuevo MAS está entusiasmado con que las eliminen cayendo en un unilateralismo peligroso como quedó claro en la tapa de su última prensa donde dice “Abajo las PASO proscriptivas”, empalmando con la campaña reaccionaria del gobierno. ↩︎
OST | Organización Socialista de los Trabajadores 