No a la reforma electoral proscriptiva y privatista de Milei

En los últimos días el gobierno de Milei comunicó que convocaría a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para tratar toda una serie de leyes de reforma del régimen electoral, entre otras modificaciones legislativas. Se trata, de conjunto, de un proyecto que pretende ir hacia régimen electoral más antidemocrático, proscriptivo y privatizador, donde sean sólo los partidos políticos patronales quienes estén realmente en condiciones de competir electoralmente. Veamos cómo el gobierno pretende armar este rompecabezas legislativo.  

En primer lugar, pretende eliminar (o al menos suspender) las PASO, el régimen de internas abiertas que obliga a los partidos políticos y a la población a tener que elegir a los candidatos que competirán en las elecciones. Esta ley fue promovida por el kirchnerismo en el año 2011 con la intención de “ordenar” desde el Estado la oferta electoral luego de que la rebelión popular del 2001 cuestionara profundamente la representación de los partidos políticos tradicionales. La crisis que éstos sufrieron los debilitó y fragmentó. Por medio de la obligación de ir a internas se buscaba reducir la cantidad de partidos que puedan presentarse de modo de generar mayorías políticas más claras y estables para garantizar la gobernabilidad del país. Las PASO, en este aspecto, fueron parte del operativo del peronismo de estabilización política del capitalismo argentino luego de la crisis del 2001 y que amplios sectores de masas ganaron las calles en contraposición con las deslegitimadas instituciones de gobierno del Estado, entre ellas las elecciones.  

Como parte de este operativo de regimentación política, las PASO aumentaron todos los requisitos para que un partido puede presentarse en las elecciones. Se elevaron a miles la cantidad de afiliados, cuando antes sólo hacía faltan unos cientos y luego una cantidad de avales; y por otro lado se impuso un criterio proscriptivo para poder “pasar las PASO” y ser parte de las elecciones generales: lograr obtener un 1,5% de los votos. Un requisito que tuvo como objetivo dejar afuera a los partidos políticos más nuevos, surgidos luego del 2001 y en particular a la izquierda, que en las elecciones presidenciales del 2007 logró (sumadas todas las fuerzas) un poco más del 1%.  Una pretensión de exclusión que iba de la mano con la ubicación del kirchnerismo de ese entonces cuando decía que a su izquierda “estaba la pared”, buscando copar todo el espacio de izquierda que el 2001 había abierto entre amplias franjas de la población.  

En ese entonces, la introducción de la reforma electoral trajo una fuerte discusión en la izquierda, y como producto de la necesidad de no quedar afuera de las elecciones generales el PO, el PTS e IS resolvieron conformar el FIT. Sin embargo, en lugar de tener una ubicación política realmente unitaria e integradora del conjunto, impusieron un criterio de representación atado a la lógica de las PASO, en lugar de un criterio de reconocimiento de las fuerzas reales de los partidos, algo que hasta entonces era tradición entre las organizaciones de izquierda.  

Pero como contraparte de este mecanismo de exclusión electoral, la ley PASO reflejaba lo que fue una verdadera conquista democrática de las relaciones de fuerza impuesta por la rebelión popular del 2001: el derecho a que todos los partidos tengan espacios de publicidad en los medios audiovisuales (radio y televisión) repartida en 50% por igual para todos los partidos y 50% en proporción a los últimos resultados electorales. Un elemento democrático dentro de una ley de regimentación política que permitió, en un contexto político favorable para la izquierda producto del clima de época impuesto por la rebelión popular, capitalizar la exposición mediática conquistada y empalmar con decenas de miles de jóvenes y trabajadores que la apoyaron para “romper la proscripción”. Fue entonces cuando el Frente de Izquierda logró sortear el piso del 1,5% en el 2011 obteniendo un 2,46% de los votos.  

Ahora, el gobierno de Milei pretende eliminar las PASO. Pero lo hace para introducir un régimen electoral aún más antidemocrático. En primer lugar, busca elevar aún más los requisitos para que un partido pueda constituirse, subiendo de 5 a 10 jurisdicciones provinciales la cantidad de “partidos provinciales legales”, tener como afiliados al partido un mínimo del 0,5% del padrón electoral. Además, para poder presentarse en las elecciones hay que obtener un piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas. Todos requisitos que tienen un solo objetivo: excluir a los partidos de izquierda, a las minorías políticas y a las voces críticas que quieran surgir como producto de la actual crisis de representación política que atraviese a los partidos tradicionales.  

En segundo lugar, la reforma electoral quiere quitar todo el financiamiento económico que el Estado hace a los partidos en las elecciones y así habilitar la “inversión privada” de los empresarios y grupos de poder. Un intento de convertir a los partidos en agentes directos políticos de los capitalistas, títeres del poder como sucede en EEUU. De la mano con esto, la reforma de Milei quiere eliminar los espacios de publicidad electoral que hoy existen en radio y televisión y que eso se lo paguen los partidos. Así, quienes reciban financiamiento de los empresarios tendrán millones para copar los medios de comunicación mientras los partidos de trabajadores y la juventud, ajustados nuestros bolsillos por el brutal ajuste, se nos hará muy difícil tener una exposición en los medios en iguales condiciones. Por lo tanto, esta reforma es una verdadera privatización económica del proceso electoral, buscando que los grandes empresarios y ricos del país puedan tener voz y representación política, configurando un ataque al derecho democrático e igualitario que el Estado debe garantizar en un proceso electoral para que toda la población pueda conocer la diversidad de propuestas políticas y no sólo las que financias los grupos económicos.  

Por último, el gobierno pretende introducir la “ficha limpia”, un proyecto hecho y derecho para la persecución de dirigentes políticos opositores. Dándole a la justicia corrupta la potestad de decidir quién puede ser candidato en las elecciones y quién no, busca que una persona que tiene una condena en segunda instancia judicial, pero no aún firme, no puede presentarse como candidata o candidato. Como es vox populi, es una reforma hecha de forma directa para evitar que Cristina Kirchner pueda ser candidata, en un intento de proscripción política evidente y que mañana, u hoy con la creciente persecución política-judicial contra dirigentes sociales, puede ser la manera de prohibir que partidos opositores al poder de turno puedan participar de las elecciones. Con esta medida, disfrazada de “lucha contra los corruptos” en realidad es parte del plan reaccionario del gobierno de Milei de ir hacia un Estado más autoritario y represivo.  

Desde la nueva Organización Socialista de los Trabajadores (OST) sostenemos que el proceso electoral tiene que ser totalmente democrático, es decir, no puede haber ningún tipo de restricción ni proscripción para poder participar. Por lo tanto, al mismo tiempo que el Estado tiene que garantizar que no exista ningún mecanismo excluyente como el piso del 1,5% de las PASO, tiene que otorgar los recursos financieros para que todos los partidos (tanto los tradicionales ligados a los grandes empresarios), como los nuevos partidos, como los partidos de izquierda de los trabajadores y la juventud, podamos participar de forma lo más igualitaria posible y nuestras ideas y propuestas puedan ser conocidas por la población. Lo contrario a esto es un régimen político y electoral sólo de los partidos que representan a los millonarios y empresarios, como quiere Milei.

Afiliate a la OST por una nueva alternativa socialista

Frente a estas políticas reaccionarias, autoritarias y de ajuste permanente de Milei, y mientras del otro lado los partidos políticos que se dicen opositores se dedican a garantizar la gobernabilidad en medio de semejantes ataques a los derechos, necesitamos más que nunca una nueva alternativa que represente verdaderamente los intereses de las y los trabajadores y las grandes mayorías sociales. Una alternativa que no defienda a los capitalistas y los grandes ricos del país y las multinacionales, sino que defienda a los trabajadores y plantee una real transformación de la sociedad.  

Una nueva organización de izquierda que cuestiona al capitalismo porque entiende que es el sistema, sus partidos políticos tradicionales y sus gobiernos los que están hundiendo en la miseria a los trabajadores, los que le quitan el futuro a la juventud, el que está destruyendo la naturaleza y el medio ambiente. Y este sistema que, junto al patriarcado y los partidos conservadores y reaccionarios como el de Milei, los que atacan y violentan los derechos de las mujeres. ¡Todo ese sistema hay que cambiar y para eso vemos fundamental volver colocar como perspectiva la necesidad de construir el socialismo! 

Por eso es que conformamos un nuevo espacio político, la Organización Socialista de los Trabajadores, y lanzamos una campaña para obtener la legalidad política para presentarnos este año en las elecciones en la Ciudad de La Plata y en Ensenada ¡Para eso necesitamos el apoyo de más de 2.000 personas mediante su afiliación (requisito que hoy existe en la justicia electoral) y por lo tanto te pedimos que nos des una mano para que esta nueva voz pueda ser parte del debate político!   

No a la reforma electoral antidemocrática, proscriptiva y privatista de Milei. 

Que todos los partidos políticos tengan derecho a la participación electoral sin restricciones. 

Ninguna restricción ni proscripción electoral de las PASO. Que cada partido o frente electoral elija por sus mecanismos a sus candidatas y candidatos.  

Por la vigencia del derecho a la publicidad en los medios de comunicación de los partidos políticos.  

Que el Estado continúe garantizando los recursos financieros del proceso electoral.

Organización Socialista de los Trabajadores (OST).