Luego de varias semanas de especulaciones, rosca y cónclave, la Iglesia Católica eligió un nuevo Papa: el ungido fue el cardenal estadounidense Robert Prevost, quien tomó el nombre de León XIV. La elección representa algunas líneas de continuidad con el papado de Francisco, pero globalmente se trata de un papa más conservador. Aunque nacido en Chicago, Prevost mantiene el perfil latinoamericano en el Vaticano, al haber estado ligado a la iglesia en Perú durante más de dos décadas, país del que, además, obtuvo la ciudadanía. En esa misma línea, Prevost no estaría alineado con las políticas más reaccionarias de Trump en su país, sobre todo en lo referente a la inmigración. Sin embargo, se esperan de él políticas más conservadoras en temas como los derechos de las mujeres y LGBT. La elección de Prevost por parte de la jerarquía católica viene a expresar el intento de consensuar entre las alas más continuistas con el papado de Francisco y los sectores más conservadores. 

Como resultado, casi todos los sectores políticos, desde la extrema derecha hasta el progresismo, salieron a celebrar el anuncio del nuevo pontífice. Para Trump fue una oportunidad para reforzar su discurso nacionalista: por primera vez el Papa es estadounidense. Milei también buscó capitalizar las celebraciones adjudicándole a las “fuerzas del cielo” que hayan puesto a un Papa “León”. El progresismo, por su parte, salió a festejar que estaba “en buenas manos” el legado de Francisco. La verdadera línea política de este nuevo papado se verá en sus acciones y sus discursos, en un mundo ultrapolarizado que parece dejar poco margen para el centrismo, sin perder de vista que estamos hablando del jefe de una de las instituciones más reaccionarias y oscurantistas del mundo. 

En Argentina, la muerte de Francisco y posterior entronación de León XIV le sirvió a Milei para sacar el foco de la marcha de su gobierno y la estabilidad económica, ensayando una especie de tregua papal tácita entre todo el arco político patronal que domina la coyuntura, luego que de que el gobierno tuvo que ser rescatado por el FMI de lo que parecía una grave crisis económica y política en ciernes. A esa tregua se sumó también la CGT, que el 30 de abril marchó con una bandera gigante en honor al Papa, dejando atrás cualquier tipo de agenda de continuidad con el último paro general. Sin embargo, dos elementos amenazan con hacer trastabillar esta estabilidad: por arriba, la crisis sin fin de los diferentes partidos patronales, el vacío de representación y la inminencia del calendario electoral con muchas contradicciones entre los de arriba aun por resolver; por abajo, todavía sin irrumpir con todo como para dar vuelta la situación política pero cada vez con mayores síntomas de bronca emerge una crisis profunda: la de los salarios de miseria que dominan entre los trabajadores, a la que se suma el fantasma de la desindustrialización y la pérdida de puestos de trabajo.

La bronca que crece

Un creciente malestar político/social está expresándose cada vez con más fuerza entre la clase trabajadora, y tiene que ver con la debacle de los salarios en la que están sumidos los trabajadores. Tanto es así que estas últimas semanas estuvieron marcadas por una salida momentánea del letargo de sectores de peso de la burocracia sindical, no porque se hayan decidido a luchar contra Milei sino porque la presión que les llega desde las bases ha ido en aumento estos últimos meses. 

El hecho de mayor impacto fue el contundente paro nacional al que se vio arrastrada la UTA, famosa por “amagar” con paros que finalmente nunca suceden. Esta vez la bronca de los trabajadores combinada con la intransigencia del gobierno dejaron a los burócratas sin otra opción (ya no había recurso posible a la conciliación obligatoria) y finalmente el pasado martes 6 la huelga de colectiveros se desarrolló con un impacto enorme. Fue categórico como los canales de televisión intentaban sin éxito recoger los testimonios de gente afectada por el paro: buscaban enojo contra los laburantes, pero lo que encontraron fue mayoritariamente apoyo. Es que se trata de una realidad que hoy por hoy atraviesa a cualquier trabajador de nuestro país: la crisis salarial es un factor que unifica a los trabajadores. Hablar de salario es hablar “el mismo idioma” con trabajadores de las más diversas ramas y sectores: formales e informales, públicos y privados, industriales y de servicios, etc. La crisis salarial es transversal. 

El paro de la UTA tuvo una importancia doble si recordamos que ese gremio viene de carnerear el último paro general de la CGT, quitándole una fuerza significativa e impidiendo que esa jornada exprese con contundencia la agenda de los trabajadores en la palestra nacional, que quedó desdibujada. Contra su propia voluntad, eso es lo que un poco terminó pasando el martes con la huelga de los choferes, que si bien no fue un paro general tuvo un impacto político incluso mayor y puso a la problemática salarial en primer plano. 

En paralelo, la amenaza del cierre de fábricas y la desindustrialización del país viene creciendo, entre las medidas del gobierno y los ataques de la patronal. La apertura de importaciones impulsada por Milei y Caputo están desmantelando a sectores de la industria, en particular la textil, a la que quieren hacer “competir” con las grandes marcas que producen con trabajo esclavo o semiesclavo en el sudeste asiático. Pero la rama textil no es la única: Las automotrices siguen el mismo derrotero, Nissan anunció que se va a dedicar a importar y General Motors anunció suspensiones a lo largo de todo el mes de mayo. También industrias de mayor peso para el resto de las ramas, como la metalúrgica, que viene con suspensiones hace largos meses y, para peor, la patronal utiliza la amenaza de despidos o cierres de turnos como moneda de cambio para no dar aumento de salario.  

En este contexto, la UOM viene sin poder cerrar su paritaria hace nueve meses y, producto de la bronca contenida desde las bases empujó a Furlán a lanzar un “plan de lucha” (al estilo de la burocracia) que empezaba con un paro nacional el pasado miércoles pero que fue momentáneamente desactivado porque el gobierno dictó la conciliación obligatoria, dejando todo en suspenso durante 15 días hábiles y acatada por el gremio. La decisión del gobierno no fue bien recibida por los trabajadores, que ya se preparaban para realizar un paro contundente. De todas maneras, el conflicto está lejos de resolverse y entre los trabajadores domina la voluntad de luchar. 

La última medida del gobierno fue la eliminación de aranceles para productos de electrónica, lo cual de llevarse adelante significaría la desindustrialización de Tierra del Fuego con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo. Frente a esto la UOM Río Grande se vio obligada a llamar a paro por tiempo indeterminado contra el ataque del gobierno.

Esto se combina con que el gobierno profundiza sus provocaciones contra los trabajadores. Después de haber celebrado con bombos y platillos el levantamiento del cepo al dólar, ahora el gobierno tiene la caradurez de intervenir activamente con un “cepo al salario” en las negociaciones paritarias que se están desarrollando. Si bien los intentos de Caputo de poner un techo al salario vienen desde el año pasado –con el visto bueno de la CGT que se mandó a guardar después de la aprobación de la Ley Bases-, en las últimas semanas el gobierno viene redoblando la apuesta amenazando con judicializar los acuerdos que se lleven adelante sin la homologación de la Secretaría de Trabajo. El ejemplo que más repercusión tuvo, aunque no fue el único, es el caso de las paritarias del sindicato de empleados de comercio (el gremio más numeroso del país), donde a pesar de haber llegado a un acuerdo con la patronal, la burocracia de Cavallieri se encontró con que la Secretaría de Trabajo decidió negarse a homologar el acuerdo, una provocación total del gobierno que presiona por bajar los salarios sin la menor vergüenza, negándose a firmar cualquier acuerdo superior al 1% por mes, cuando la inflación jamás descendió a ese nivel mensual, más bien al contrario. Finalmente, Cavallieri “resolvió” la cuestión acordando con las patronales incorporar los aumentos previstos como “sumas no remunerativas” (es decir que no van al básico) hasta que haya homologación por parte del gobierno. Una adaptación vergonzosa al ataque al salario de Milei y Caputo que precariza aún más el salario. 

La presión por la cuestión salarial alcanza incluso a los gobiernos supuestamente “progres”, como el de la Provincia de Buenos Aires, que entre docentes y estatales cosecha cada vez más bronca entre los trabajadores de la provincia. El reflejo de esto es que, por primera vez en años desde que está Kicillof en la gobernación, gremios docentes y estatales, férreos aliados políticos al gobernador, se vieron obligados a tener que rechazar la oferta salarial en la paritaria (luego de meses de cerrar por míseros aumentos) y ahora es tal la crisis que ya van dos reuniones paritarias que tienen que suspender por no poder llegar a un acuerdo. En la docencia, por ejemplo, una maestra de grado sin antigüedad está cobrando $570.000 por cargo, una verdadera miseria salarial que se suma a la creciente ola de hechos de violencia en las escuelas contra trabajadores, la situación de abandono y la creciente precariedad de las condiciones laborales y educativas en general. Ahora la burocracia del FUDB busca hacer aprobar una propuesta de 6% de aumento en junio y 4% en agosto, aceptando vergonzosamente no recibir aumento en julio, lo que impactaría en el medio aguinaldo. Luego de bastante tiempo sin acciones masivas por responsabilidad de los sindicatos, por iniciativa de la Lista Multicolor más de mil docentes marcharon este lunes por las calles de La Plata incluso cuando se supo que la reunión paritaria se había suspendido.

La crisis por arriba se traslada a lo electoral

Frente a este creciente malestar social, los de arriba enfrentan sus propias crisis. Milei compró tiempo con los dólares del Fondo, pero su imagen no repunta, la economía no despega y la inflación está lejos de estar controlada, mientras el gobierno insiste con el ajuste. Su mayor fortaleza política está en el apoyo político del imperialismo, el apoyo financiero del FMI y el espiral de crisis de los demás partidos patronales, tanto del peronismo como de otras variantes de la derecha como el Pro. 

Esta crisis se expresó esta semana con el fracaso de la iniciativa de “Ficha Limpia”, que buscaba proscribir una posible candidatura de Cristina Kirchner y que finalmente terminó con una derrota legislativa de los bloques de la derecha. El Pro y LLA se tiran las culpas entre sí, mientras cada movimiento se mide en función del cálculo y la estrategia electoral, con la cuestión de si habrá finalmente una alianza entre Macri y Milei en las elecciones nacionales de octubre. Hoy ese escenario parece poco probable. 

Es lo que está en concordancia con lo que arrojan los primeros datos del calendario electoral, que este fin de semana prosiguió en varias provincias del norte (Chaco, Jujuy, Salta y San Luis) y que este domingo tendrá la primera parada de importancia política nacional en los comicios de CABA. Como ya habían adelantado las elecciones en Santa Fe, el principal dato político fue otra vez una alta abstención electoral, en algunos casos derrumbe: en Chaco, la participación fue de apenas el 54%, unos 14 puntos por debajo que las últimas legislativas de 2021, y en San Luis bajó del 77% al 65% respecto la misma elección. En Jujuy y Salta la caída fue de más del 5%. El otro dato transversal es la fragmentación, tanto de la derecha como de las variantes del peronismo en las provincias. La fragmentación es ya un dato puesto en las próximas elecciones en CABA, donde queda por determinar si el abstencionismo se confirma como tendencia en las primeras elecciones que tendrán impacto político a nivel país.  

El desacople entre el creciente malestar por abajo y la crisis de representación por arriba puede hacer de éste un año electoral inusual, donde las variantes patronales (en particular el peronismo) no logren canalizar por la vía electoral la bronca contenida, cuestiones que están abiertas en la situación y que dependerán de la lucha de clases. Para que la crisis de representatividad no se transforme en desmoralización y apatía es fundamental que los trabajadores irrumpan en la escena con su propia agenda, para lo cual, en primer lugar, hay que continuar denunciando a la CGT que, luego de verse obligada a llamar a un paro por el desborde que significó la movilización de hinchas y jubilados, volvió a desaparecer de la escena detrás de la cortina de humo del Papa. Seguimos exigiéndole a las centrales sindicales un plan de lucha real que arranca por empezar a construir desde ya un nuevo paro general, contra el techo al salario de Caputo y las políticas de desindustrialización que pretenden dejar a miles de trabajadores en la calle y profundizar el atraso económico del país. Al mismo tiempo que desde la izquierda debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impulsar las luchas que surjan desde abajo y para dar la pelea política contra el nefasto gobierno de Milei. 

En esa perspectiva, y frente a un mundo de creciente polarización, guerras y mayores choques sociales, desde la OST tenemos el orgullo de estar participando esta semana de la conferencia internacional de la izquierda que se está realizando en París con una delegación de compañeros y compañeras, un logro enorme para nuestra joven organización que busca hacer su aporte y enriquecerse de los debates y la experiencia de las organizaciones socialistas de otras partes del mundo en la perspectiva de reabrir la perspectiva revolucionaria en el Siglo XXI.