En medio de los festejos por año nuevo y de que los trabajadores consigamos un respiro luego de lograr retrasar el tratamiento de la reforma laboral, el gobierno de Milei firmó el Decreto 941/25 que reforma los servicios de inteligencia, todo esto sin tratamiento legislativo debido a que, según los considerandos del propio decreto “la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”. Resultaba tan primordial que no lo incluyó en las sesiones extraordinarias y decidió firmarlo de manera unilateral un 31 de diciembre entre gallos y medianoche. 

Este DNU que se enmarca en el Plan de Inteligencia Nacional y modifica la organización y competencias de la SIDE se para sobre la lógica del “enemigo interno” y la convierte en una policía secreta siendo todas sus tareas de carácter “encubierto”, habilitando incluso la posibilidad de detener personas sin identificarse y sin orden judicial previa. Es decir, no hay rendición de cuentas por su actuar. 

Esta medida concentra todo el aparato represivo del ejército y la policía bajo la comandancia de Santiago Caputo (personaje por demás oscuro) para tareas de contrainteligencia permitiendo vigilar y controlar todo lo que el Poder Ejecutivo defina como un riesgo o una amenaza interna. No hay que olvidar que al tratarse la Ley Bases detuvieron a más de 100 personas de las cuales 33 fueron acusados por Milei y Bullrich de “sediciosos” y “golpistas” sin ningún tipo de prueba y que con la lucha logramos su desprocesamiento. 

En los términos legales, la SIDE se encontraba vedada de intervenir en la vida política y social del país, con la modificación de su Art. 2 quater se amplía a un sinfín de situaciones. El mismo establece que las actividades de contrainteligencia incluyen cualquier “atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales” ¿Quién establece cuales son los intereses estratégicos? Por ejemplo ¿la aprobación de la reforma laboral constituye un “interés estratégico»? ¿y la reforma de la ley de glaciares?; Una medida de fuerza como un paro general ¿son “influencia, injerencia o interferencia en un proceso decisorio” ?; ¿Qué son y que alcance tiene el término de “actor no estatal? Como se ve, es una reforma oscura en su forma y contenido.

Desde el ’83 hasta acá existía un “consenso democrático” por el cual el ejercito debía quedar bajo mando civil, esto ya había sido modificado con el nombramiento del militar en actividad Carlos Alberto Presti (hijo de un represor de la última dictadura, imputado en causas de lesa humanidad e implicado en la desaparición y tortura de cientos de detenidos-desaparecidos.) como Ministro de Defensa de la Nación. Por otro lado, con la Ley de Seguridad Interior, se había excluido el uso del ejercito en la represión interna. Esto elimina la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, que puede aparecer como una formalidad, pero es un ataque sin precedente desde la caída de la dictadura cívico militar del ’76. 

Esto se suma y debe ser tomado en consideración junto a la ampliación por DNU del presupuesto destinado a la SIDE de $107 mil millones de pesos (un incremento descomunal) de los cuales el 20% aproximadamente guardan el carácter de “fondos reservados” quedando fuera de cualquier tipo de auditoría.

Por otro lado, la modificación del estatuto de la Policía Federal, ahora también bajo el mando de la SIDE, por el cual se habilita el “ciberpatrullaje” de redes sociales, requisas y detenciones sin ningún tipo de orden judicial. Es decir, se habilita la vigilancia masiva de toda la población, en los ámbitos reales y virtuales, bajo la excusa de la “seguridad”. Dicho en otros términos: todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Y mientras habilita a los servicios a requerir datos personales a cualquier organismo estatal -dígase ReNaPer, Anses, Migraciones, etc.- sin ningún tipo de control ni justificación (y a compartirla con otras entidades nacionales y extrajeras) le da una arremetida a la libertad de expresión y la libertad de prensa ya que habilita a perseguir cualquier “filtración” de información, como por ejemplo sucedió en el caso de las coimas de Karina Milei y la ANDIS, o los propios trascendidos sobre el Plan de Inteligencia Nacional.

Desde que asumió el gobierno intenta operar un cambio de régimen pasando por encima de cualquier tipo de institucionalidad para garantizar un país tranquilo y controlado a los grandes capitales que apuestan a que su experimento libertario salga bien. Se acumulan uno tras otro los ataques a las conquistas democráticas que hemos obtenido y los intentos de cercenar cualquier tipo de disidencia. 

Estas modificaciones buscan habilitar y legalizar la persecución a opositores y activistas, al chantaje y el espionaje. ¿Dónde está el límite entre lo que es “inteligencia” de lo que no? Sin duda esta línea queda difusa -más bien oscura- adrede para dar libertad de acción a los servicios de inteligencia y buchones. Es sin duda una herramienta de un gobierno que pretende erigirse de manera cada vez más autoritaria más en un contexto dónde pretende avanzar con su paquete de reformas de las cuales el centro está en la reforma laboral. 

Por eso es necesario que se redoble la lucha contra este gobierno antiobrero y entreguista, hay que derrotar su ajuste, su plan de guerra contra los trabajadores y sus pretensiones de “Bonaparte”.

Germán – ACAF