“La mejor política industrial es la que no existe”. Las palabras son de Pablo Lavigne, Secretario de Coordinación Productiva de la Nación. La definición constituye un epítome del programa económico del gobierno de Milei para Argentina: arrasar con el aparato productivo, sumergir al país a una avalancha importadora y reprimarizar brutalmente la economía, reduciéndola al extractivismo y la actividad agrícola.
La política desindustrializadora de Milei comenzó a surtir efectos casi de inmediato, pero registra una grave aceleración en los últimos meses, con la eliminación de aranceles a la importación, más aperturismo y, sobre todo, una tendencia a la recesión económica que lleva ya meses de arrastre.
Según datos oficiales, sólo en octubre de 2025 se perdieron 33 mil puestos de trabajo registrado privado, acumulando hasta esa fecha 270 mil desde la llegada al gobierno de Javier Milei, la mayoría de ellos en la industria. Los primeros datos preliminares indican que la tendencia se aceleró fuertemente en el pasado mes de enero. Esto coincide con oleadas de despidos, conflictos y protestas por fábrica que se extienden por todos los principales conglomerados urbanos del país, como los trabajadores de Lustramax, Acindar, Acería Berisso, Granja Tres Arroyos, Cocot, por nombrar sólo algunos.
La política de Milei es, sencillamente, arrasar con el aparato productivo del país. Como el mismo gobierno proclama, el plan consiste en convertir a la Argentina todavía más en un país exclusivamente exportador de materias primas: además del campo, la actividad económica del país que propone Milei se reduce a la minería (Litio en primer lugar) e hidrocarburos (gas y petróleo, principalmente de Vaca Muerta), todas actividades económicas que se caracterizan por ser de bajo impacto en términos de creación de empleo. Esta transformación implica necesariamente el desmantelamiento del aparato industrial, la apertura indiscriminada de importaciones y el establecimiento de una política de abierto saqueo: la mayoría de las empresas de estos rubros son multinacionales a las que el gobierno busca garantizarles que puedan explotar nuestros recursos sin dejar ni un dólar en el país, tal como les garantiza el RIGI aprobado por el Congreso el año pasado.
Pero semejante plan es un acervo de contradicciones sociales: implica cambiar la composición social del país, imponer condiciones sociales y económicas mucho más desiguales y precarias, así como relocalizar los principales centros productivos del país. Esto significa que el plan de Milei significa ir hacia niveles de desempleo más altos, salarios más bajos y trabajos de menor calidad.
Las contradicciones se dan también entre los de arriba. Como ejemplo están las recientes fricciones entre el gobierno nacional y Paolo Rocca, CEO del grupo Techint y uno de los principales burgueses del país, luego de que el gobierno diera por ganada una licitación para la construcción de un segundo tramo del gasoducto que busca exportar gas desde Vaca Muerta a la empresa india Welspun, quienes, según el gobierno, presentaron un plan de obras con costos 40% menores a los de Techint.
El episodio abrió todo un debate sobre cómo llevar adelante una política industrial en Argentina frente al plan industricida de Milei: mientras sectores del peronismo o incluso el progresismo simpatizan con el “proteccionismo” de Trump y señalan una presunta “incoherencia” de Milei al apoyarlo, el empresariado argentino pide “condiciones para competir”, que es el eufemismo que utilizan para reventar a los trabajadores. Los socialistas sostenemos que sólo la clase trabajadora puede abrir un verdadero sendero de desarrollo económico e industrial del país.
Trump y el debate del proteccionismo
Trump relanzó con todo la guerra comercial tras su segunda llegada a la Casa Blanca, imponiendo fuertes políticas arancelarias a muchos de los productos importados que afectaban el desarrollo de la industria estadounidense. Bajo el lema “Estados Unidos primero”, la política de Trump obnubiló en nuestro país a sectores del peronismo que ven en ese tipo de medidas una “defensa de la soberanía” y de la “industria y el trabajo nacional”. Al mismo tiempo, estos mismos sectores señalan como “incoherente” o contradictorio que Milei apoye a Trump, siendo que la política mileísta va en sentido totalmente opuesto: aperturismo indiscriminado, reprimarización económica, etc.
En realidad, no hay ninguna incoherencia en que Trump aplique medidas proteccionistas al mismo tiempo que su aliado Milei haga diametralmente lo opuesto: precisamente la dominación mundial de EE.UU. se apoya en este reforzamiento del carácter atrasado y dependiente de los países que son sus vasallos. Es justamente porque Milei aplica un plan industricida criminal que Trump lo recibe con los brazos abiertos incluso llegando a rescatarlo financieramente, como lo hizo en octubre pasado interviniendo de manera decisiva en las elecciones de medio término.
Bajo la lógica de revanchismo imperialista con la que está a la ofensiva Trump, su “defensa de la industria nacional” es una política inequívocamente reaccionaria toda vez que implica aplastar cualquier atisbo de desarrollo soberano y autónomo de las economías semicoloniales como la Argentina. No hay nada, absolutamente nada progresivo en el proteccionismo trumpista, que lo único que busca es relanzar la dominación mundial de EE.UU. luego de años de lento pero constante declive. Lo que Trump “protege” no es al trabajador fabril norteamericano, sino la posición imperialista dominante en el mundo ante la amenaza de China, lo cual implica más injerencia, como vimos recientemente en Venezuela, las amenazas de anexar territorios enteros como Groenlandia, el apoyo al genocidio en Gaza, el ataque a Irán y, a otro nivel, en el rescate financiero a Milei.
De hecho, el acuerdo comercial que el gobierno de Trump estaría negociando firmar con la Argentina va completamente en este sentido: Argentina se comprometería a abrirse totalmente a los productos industriales yanquis (¡incluso también en algunos en los que somos competidores, como los agrícolas!) al mismo tiempo que les cierra las puertas a los productos chinos. Lo que se sabe del “acuerdo” apenas establece 3 compromisos de EE.UU. sobre productos argentinos, contra 24 compromisos de Argentina sobre productos yanquis.1
El problema con los análisis que igualan el proteccionismo de una potencia imperialista con el de un país semicolonial es que parten metodológicamente de un marco de análisis nacionalista (burgués), que se limita a considerar los “intereses nacionales” por encima de las determinaciones concretas del capitalismo como sistema mundial, signado por la dominación imperialista, por un lado, y la lucha de clases, por el otro. Como marxistas, en cambio, partimos de un punto de vista internacional y de clase, que es el capitalismo global como un todo, donde un puñado de potencias imperialistas (a cuya cabeza se encuentra EE.UU. como la principal) se disputan la dominación del mercado mundial. Mientras que el primer análisis sólo ve medidas “proteccionistas” o “aperturistas” en abstracto, bajo la fórmula igualmente abstracta de “defender el interés nacional”, el análisis marxista permite comprender que, mientras en un país dependiente las medidas de tipo proteccionistas son medidas progresivas, aunque limitadas, de defensa mínima de la soberanía económica y política del país frente al poder imperial, en manos del imperialismo el “proteccionismo” tiene un contenido ultra reaccionario: reforzar aún más los lazos de subsunción de los países dependientes, forzar la entrada de sus productos hacia nuevos mercados e intervenir activamente en la política y la economía de los demás países, todo bajo la “noble” premisa de “defender el interés nacional”.2
La hipocresía del empresariado argentino
Si el nacionalismo en boca del imperialismo significa más dominación, más injerencia y más expoliación, en boca de los grandes empresarios locales tiene un contenido mucho más mediocre pero igualmente reaccionario: la reacción de Paolo Rocca apropósito de la “falta de competitividad” luego de que la empresa india ganara la licitación para el gasoducto ofrece un testimonio elocuente de la estrechez de miras con las que actúa la burguesía local.
El jefe del grupo Techint, lejos de ensayar un discurso “proteccionista”, mucho menos de “defensa de la soberanía”, lo que pidió fue “mejores condiciones para competir” que, según explicó, concretamente significan dos cosas, dos viejas y persistentes exigencias del empresariado argentino: que les bajen los impuestos y el mal llamado “costo laboral”, es decir, suplicó por la aprobación de la reforma laboral.
Es decir: la forma que tienen los empresarios de «defender la industria» es con más explotación hacia los trabajadores, por un lado, y menos impuestos, es decir, más ajuste al Estado, por el otro. ¡Qué coincidencia que la “defensa del interés nacional” coincida al 100% con la defensa de sus propios bolsillos!
Acá también el análisis marxista permite vislumbrar la imposibilidad estructural de las parasitarias burguesías semicoloniales de encarar un verdadero proceso de desarrollo económico y social del país. Al ser una burguesía estructuralmente débil, sometida al imperialismo, su supervivencia es una combinación entre la más inmediatista rentabilidad vía los “bajos costos” (más explotación obrera y bajos impuestos) y entre variopintos negociados con el Estado, preferentemente legales (opcional).
Si esta es toda la perspectiva de la gran burguesía representada por Rocca, qué queda para las llamadas PyMES, un concepto utilizado hasta el hartazgo para adornar con «rostro humano» a los empresarios, pero extremadamente tramposo: una PyME puede ser desde una carnicería con 3 empleados a una fábrica de 200 o más. Generalmente, la defensa de la “pequeña empresa” y del “emprendedurismo” se utiliza como el caballo de troya para justificar el trabajo no registrado y la evasión impositiva. Nótese que siempre el “esfuerzo” para que las empresas puedan “competir” tienen que ponerlo los trabajadores, ya sea en forma de más explotación o de más desguazamiento del Estado, lo que redunda en peor infraestructura, ajuste a la salud y educación públicas, etc.
Por eso, frente al industricidio de Milei es una trampa hablar de “defensa de la industria” en abstracto, como hacen sectores del peronismo y la burocracia sindical, porque bajo ese nombre se agrupa falsamente bajo un mismo interés a los empresarios y a los trabajadores: el debate actual por la reforma laboral demuestra claramente que estamos en trincheras opuestas. Los empresarios no tienen ningún interés en defender otra cosa que sus ganancias.
Un programa desde la clase trabajadora
A diferencia del cretinismo de la burguesía local, desde el interés de la clase trabajadora sí puede llevarse adelante un verdadero programa de industrialización y desarrollo de la infraestructura productiva del país.
No hay posibilidad de sacarse de encima la bota del imperialismo sin luchar contra sus agentes locales, la parasitaria “burguesía nacional” que vive del atraso y la dependencia. En vez de redoblar la explotación, hay que afectar las ganancias de los capitalistas; en vez de ajustar al Estado, hay que instrumentar una fuerte política de impuestos hacia los más ricos para financiar un plan de desarrollo social y productivo.
Si ponemos todos los recursos de la sociedad no al servicio de las ganancias de unos pocos sino de las necesidades sociales, es posible no sólo defender la industria sino también desarrollar un verdadero plan de industrialización.
En primer lugar, hay que desconocer y dejar de pagar la fraudulenta deuda externa, mecanismo privilegiado del imperialismo para mantener a los países periféricos en una situación de extrema dependencia, liberando así las finanzas del país en interés de la misma sociedad. En consonancia, hay que nacionalizar el comercio exterior bajo control de los trabajadores, controlando qué entra y qué sale del país, garantizando las mejores condiciones para la clase trabajadora.
Se debe poner en pie una política de fuertes impuestos a las ganancias de los empresarios y con esa recaudación poner en pie un plan de desarrollo de la infraestructura del país, que implica ferrocarriles, puertos, rutas, puentes, redes energéticas, etc. Además de un shock de inversión a la salud y la educación pública.
Al mismo tiempo, se debe gravar especialmente las ganancias de la renta agrícola, inmensa en nuestro país, que todos los años produce miles de millones de dólares pero concentrados en unas pocas manos. Con todos esos recursos se puede poner en pie un plan de industrialización, lo que crearía millones de puestos de trabajo y relanzaría la economía del país. Si los capitalistas cierran o despiden, hay que expropiar esos medios de producción y ponerlos bajo control de sus trabajadores.
Estos son solo algunos puntos generales de un programa que muestra la profundidad y las posibilidades que se abrirían si ponemos por delante los intereses de las grandes mayorías trabajadoras: una verdadera defensa del interés nacional sólo puede llevarse adelante con la clase obrera al frente de la dirección de la sociedad, contra la podredumbre del capitalismo dependiente y la opresión imperialista.
- Para un análisis más detallado: Acuerdo comercial: Milei quiere entregarle el país a los EE.UU. – OST | Organización Socialista de los Trabajadores ↩︎
- Por lo demás, tampoco es cierto que el proteccionismo imperialista de Trump beneficie a los obreros estadounidenses. Hacia adentro, el gobierno de Trump instrumentó toda una serie de ataques contra los derechos laborales y el derecho a la sindicalización: “Hace un año, el entonces candidato a la presidencia por el Partido Republicano cortejaba a los votantes asegurando que defendería los intereses de los trabajadores americanos (…) sin embargo, el balance es completamente diferente y la lista de las órdenes ejecutivas en contra los trabajadores ha hecho que el Gobierno Trump sea definido ya [por los sindicatos] como el más hostil de todos los tiempos en términos laborales.” | Trump contra los trabajadores: despidos masivos, eliminación de protecciones y trabas a la sindicalización | EL PAÍS US 02/09/25. ↩︎








