El fallo de la jueza Loretta Preska que ordena a Argentina entregar sus acciones de YPF a un fondo buitre explotó como una bomba en la coyuntura política que dejó incómodos a todos los sectores. El gobierno aprovechó para hacer política electoral contra el kirchnerismo y levantar su discurso privatizador, pero por los propios límites y fragilidades de su modelo económico tuvo que apelar el fallo ante la crisis que significaría cortar la canilla de dólares que significa Vaca Muerta. El kirchnerismo intentó defenderse tibiamente, bajo el discurso de la soberanía y denunciando el papel vaciador de Repsol, pero sin poder ofrecer un curso de acción distinto a la apelación del gobierno, lo que es producto de los propios límites que tuvo la medida impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner en el año 2012.

La cuestión de YPF oscurece los crecientes nubarrones económicos que el gobierno avizora en el horizonte, en una economía que está estabilizada temporalmente (fundamentalmente gracias al rescate del FMI) pero con la crisis de fondo irresuelta. Esta semana el dólar volvió a ser noticia, el Fondo sigue pateando el desembolso de otros U$D 2.000 millones porque el gobierno no acumula reservas, hecho apuntalado por la noticia del déficit de cuenta corriente (es decir, que salen más dólares de los que entran al país).

Si la relativa calma económica es un factor de estabilidad, la rampante crisis política de los partidos patronales es uno de los elementos que le juegan más a favor al gobierno en la coyuntura, en primer lugar, la proscripción y prisión a CFK, que el peronismo dejó pasar sin más. Pero también la crisis casi terminal del Pro y los radicales, obligados a tener que sentarse a discutir la integración de listas en común con La Libertad Avanza, sobre todo luego de la debacle del Pro en las elecciones en CABA. Sobre este panorama el gobierno continúa con sus ataques, sobre todo en dos terrenos: por un lado ajustando a los trabajadores, como el escandaloso decreto que elimina las residencias en el sistema de salud de Nación y las convierte en “becas”, es decir, sin derechos laborales y con menor salario. Por el otro, graves ataques a las libertades democráticas, envalentonado luego de la prisión a CFK, como la prisión a la concejala de Quilmes por manifestarse frente a la casa de Espert, los ataques verbales cada vez más violentos al periodismo, la persecución y allanamiento a cualquiera que twitee contra funcionarios del gobierno, etc.

Sin embargo, hay dos elementos que son un contrapeso a estas tendencias y que, con distintos grados de objetividad, son un problema para el gobierno. En primer lugar, como ya señalamos, la dinámica económica irresuelta. En segundo lugar, los crecientes conflictos de trabajadores, con menor peso por su fragmentación y la pesada loza de la burocracia, pero con una dinámica creciente. Estos conflictos se dan en un vacío de representación ante la crisis política del peronismo y también por el papel escandalosamente traidor de la burocracia sindical. Los trabajadores del Garrahan, de Astillero, los residentes de salud, docentes universitarios y otros sectores están en plena lucha contra el gobierno, reflejando toda una dinámica de conflicto social que emerge desde abajo, al mismo tiempo que “por arriba”, en el terreno superestructural de “la política”, domina la apatía electoral y una ingente crisis de representación política.

Una escandalosa intromisión imperialista

El fallo de la jueza Loretta Preska sobre YPF constituye una descarada intromisión imperialista en los recursos y las decisiones soberanas de nuestro país. En una decisión con pocos antecedentes jurídicos, y respondiendo directamente a los intereses de los buitres que reclaman una compensación millonaria por la estatización parcial de YPF en 2012, la jueza del Distrito Sur de Nueva York ordenó al Estado argentino que entregue las acciones de la compañía al fondo Burford, que compró el 70% de los derechos de litigación de Petersen Energía, firma española de la familia Eskenazi.

Se trata de una vergonzosa decisión a favor del sector más parasitario y lúmpen de la burguesía financiera internacional, buitres de países imperialistas que “viven” de ganar juicios generalmente contra decisiones soberanas de países semicoloniales, como ya vivió Argentina respecto al canje de deuda del año 2005 y ahora, de manera aún más escandalosa por la decisión de Preska, por la estatización parcial que impulsó el entonces gobierno de Cristina Kirchner en el año 2012.

Este fallo no cae en la nada, sino en un momento de agresiones imperialistas en el mundo, como la guerra de Israel y EE.UU. contra Irán, la continuidad del genocidio contra el pueblo Palestino y la persistencia de la guerra en Ucrania. En este contexto de ofensiva imperialista y frente a un gobierno totalmente arrastrado a los designios de la Casa Blanca como Milei, sectores del imperialismo ven la oportunidad de avanzar con el sometimiento y la entrega de, en el caso de YPF, parte de los recursos nacionales de mayor valor estratégico para el país, bajo la misma tónica de prepotencia imperialista con la que Trump afirma livianamente que busca anexar países.

Milei, aliado del imperialismo y militante del vaciamiento

Luego del escandaloso fallo, la respuesta del gobierno argentino fue anunciar que apelará la decisión de Preska, pero subrayando la responsabilidad del entonces ministro Kicillof en haber “hecho mal las cosas” lo que ahora trae consecuencias negativas para el país. Es decir, en su argumentación, Milei le da la razón a los buitres al culpar al gobierno argentino de ese entonces, preparando el terreno para la entrega. En consonancia, al limitarse solamente a apelar el fallo, el gobierno reconoce como autoridad competente a la justicia norteamericana, lo que es también una forma de reconocer el derecho de los buitres de Burford y los chantas de Eskenazi de rapiñar los recursos del país.

Esta orientación, aunque escandalosamente entreguista, es perfectamente entendible viniendo de Milei, que no se le ocurrió mejor defensa de los intereses nacionales que argumentar que YPF debería ser reprivatizada, una idea con la que incluso coqueteó en los primeros meses de su gobierno cuando se negociaba la fallida Ley Ómnibus. La realidad de la YPF privatizada en manos de la española Repsol da testimonio incontestable del desastre que fue la privatización del menemismo: Repsol se caracterizó por parasitar la empresa todo lo que pudo, hizo nula inversión y, ya en los últimos años, comenzó un proceso de vaciamiento brutal de la empresa, que llegó a mínimos históricos en la producción diaria de barriles de petróleo, incluso ya habiéndose descubierto parte de la potencialidad de Vaca Muerta. La YPF privatizada no sólo no respondía a ningún interés de desarrollo nacional, sino que fue un robo descarado de los recursos del país hacia empresas privadas. Al fin y al cabo, es la misma política de saqueo que el gobierno, con el vergonzoso aval del Congreso, busca replicar desde que se aprobó el RIGI.

Sin embargo, no todo es tan lineal para el gobierno, ya que a pesar de que en su proyecto de país YPF debería ser privada, en el mundo real de la economía de Caputo, sostenida a fuerza de dólares del FMI y un tipo de cambio planchado (esta semana se supo que el Banco Central, que en teoría “no interviene” en el valor del dólar, realizó operaciones por varios millones de dólares en los contratos de dólar futuro), el gobierno tiene una grave dificultad para acumular reservas, incumpliendo la meta pactada con el Fondo y retrasando el próximo desembolso de dólares frescos acordado con el organismo. En esta economía estabilizada pero frágil, Milei y Caputo necesitan como el agua los dólares que puedan provenir de las exportaciones de Vaca Muerta, sobre todo ahora que ya pasó la liquidación gruesa de los dólares del campo, que colaboraron con la pax cambiaria post salida parcial del cepo. Por eso es por lo que el gobierno está presionado por tener que apelar el fallo, esperando al menos estirar una posible definición durante todo el tiempo que pueda.

Los límites infranqueables del peronismo

El peronismo tiene su cuota de responsabilidad por haber llegado a esta situación, por haber hecho una estatización limitada que dejaba la puerta abierta a una futura reprivatización, y por haber apostado a una quimérica “burguesía nacional” que a la primera de cambio no dudó en aliarse con los buitres.

La estatización que promovió el kirchnerismo mantuvo la figura de Sociedad Anónima de la YPF privada, limitándose a adquirir (pago millonario mediante) el 51% de las acciones a los vaciadores de Repsol. Es gracias a la mantención de ese marco jurídico que ahora se debate su privatización, tanto por voluntad de la jueza Preska como del propio Milei. De las acciones restantes, una gran parte (en torno al 25%) pertenecían a la empresa Petersen Energía, de la familia de empresarios Eskenazi, estrechamente vinculadas al kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz, y luego involucrados por Néstor Kirchner en YPF bajo la premisa de poner la empresa en manos de “empresarios nacionales”. El resultado es conocido: Los Eskenazi litigaron contra el Estado por no haber recibido por parte del Estado argentino la misma propuesta de indemnización que Repsol, le vendieron el 70% de sus derechos de litigación al fondo estadounidense Burford quienes, a su vez, llevaron el reclamo a los tribunales norteamericanos, a pesar de que YPF no posee ningún activo en los EE.UU. Ahora ese tribunal a cargo de Preska ordena que el país entregue su paquete accionario como forma de “resarcimiento” a los buitres.

La medida del kirchnerismo de la estatización parcial no fue limitada solamente por tratarse de un 51%: tiene que ver con la orientación misma de la medida, que implicó no transformar el problema de fondo que es continuar operando bajo la lógica capitalista extractivista de exportar gas y petróleo sin plantear que todos esos recursos podrían estar puestos al servicio del desarrollo económico, industrial, infraestructural y social del país. Hacer esto último implicaba estatizar YPF al 100%, abandonar el estatus de sociedad anónima y poner la compañía al servicio de un plan integral de desarrollo económico, y no pensarla como una “mina de oro” (es decir, de dólares), producto de la lógica extractivista que perpetúa el carácter semicolonial y dependiente del país. Precisamente, lo primero que hizo el kirchnerismo tras la estatización parcial fue un acuerdo con la corporación petrolera yanqui Chevron, un acuerdo del que no se conoce su duración (se estiman varias décadas) ni condiciones porque contiene cláusulas secretas. Este acuerdo firmado casi de inmediato luego de la estatización fue una muestra clara de que en manos de un gobierno burgués una medida parcial pero progresiva contiene límites infranqueables: la continuidad de la sumisión al poder económico imperialista, y como consecuencia, la incapacidad de encarar un proyecto de desarrollo profundo del país.

Por el contrario, la perspectiva de una YPF 100% estatal implica, más de conjunto, cuestionar el carácter capitalista y atrasado del país, e implica afectar los intereses no sólo de la clase capitalista extranjera sino también del cipayo y oportunista empresariado “nacional” que sale corriendo detrás de cualquier negocio del momento mucho antes que plantearse mínimamente alguna “cuestión nacional”, incluso si eso implica llevar a juicio a su propio país en los tribunales del imperialismo, como muestra el caso de los Eskenazi. YPF solo puede estar al servicio de las mayorías populares y de los intereses nacionales si al mismo tiempo está bajo control de sus propios trabajadores y no de tal o cual gobierno burgués de turno que, incluso en sus versiones “progresistas” o nacionalistas, perpetúan la dependencia del país al imperialismo.

Es por eso que, tras el fallo de Preska, la reacción del kirchnerismo fue de mucha incomodidad. Kicillof intentó responder a las acusaciones del gobierno con un discurso de “defensa de la soberanía” pero cuya instrumentación práctica no es más que la misma a la que se vio empujado Milei, es decir, apelar el fallo, admitiendo así la intromisión de la justicia yanqui en los recursos del país.

La salida pasa por la clase trabajadora

Contra los ataques del reaccionario gobierno de Milei y la intromisión imperialista, la llave de la coyuntura se encuentra en darle todo el apoyo a las luchas en curso de los distintos sectores de trabajadores, como los residentes, el Garrahan o el Astillero. Frente a la incapacidad del peronismo de ofrecer una alternativa y el rol traidor de las burocracias, hay que unir e impulsar las luchas, porque la fuerza de la clase trabajadora puede frenar al gobierno.

Pero, además, frente a la enorme crisis de representación, es también la clase trabajadora la que puede ofrecer, mediante su acción independiente, una salida global para el país, ante la crisis histórica del capitalismo argentino y sus direcciones burguesas. Por eso, desde la OST hemos conquistado las legalidades municipales en La Plata y Ensenada para participar de las próximas elecciones para dar este debate: así como los trabajadores del Garrahan y los residentes son los que defienden la salud pública, así como los estudiantes y docentes defienden la universidad, así como los trabajadores del Astillero defienden la industria, así también sólo la clase obrera puede derrotar al gobierno, dar vuelta todo y reorganizar el país en función de los intereses de los explotados y oprimidos.