Luego de siete semanas de rebelión en Bolivia que pusieron al gobierno de Rodrigo Paz contra las cuerdas, finalmente la Central Obrera Boliviana (COB) pactó con el gobierno entregando la enorme lucha desatada por la clase obrera y los campesinos. Como consecuencia inmediata, el gobierno decretó el estado de excepción y militarizó el país. 

Se trata de una traición con todas las letras por parte de la COB, un hecho escandaloso que le permite al gobierno derechista y entreguista de Paz salir fortalecido cuando estaba planteado que la lucha popular lo hiciera salir eyectado del poder tan solo siete meses después de asumir. 

Los bloqueos mantuvieron paralizado al país durante semanas y, gracias a la enorme movilización popular, se había logrado evitar que el gobierno decretara el estado de excepción, incluso luego de haber podido aprobar la ley que instrumentaba dicha medida en el Congreso. De hecho, en algunos bloqueos, como en San Julián, la movilización de trabajadores y campesinos derrotó un intento de desalojo por parte de fuerzas policiales y parapoliciales de las bandas de la oligarquía fascista de la Unión Juvenil Cruceña. 

Sin embargo, desde hace quince días, cuando los bloqueos llegaron a ser de un centenar y luego de que una movilización de más de 80.000 personas convocada por la COB y la Confederación Túpac Katari concentrara en el centro de La Paz, la burocracia de los principales sindicatos (transportistas, mineros, fabriles) comenzó a firmar acuerdos con el gobierno, preparando el terreno para la entrega final por parte de la COB, apoyándose en los sectores más conservadores que reclamaban el fin de los bloqueos y el desabastecimiento de las ciudades. 

De la mano con esta entrega, según denuncian militantes y activistas independientes, los dirigentes de la COB se fueron retirando de los bloqueos, para finalmente presentarle al gobierno un salvoconducto: un acuerdo de “pacificación” del país de ocho puntos, lo suficientemente amplios como para permitirle a Paz “comprometerse” con medidas indeterminadas como una mayor “distribución de la riqueza” o simplemente a “abrir mesas de diálogo”, pero sin ningún compromiso real. Por el contrario, en el acuerdo la Central Obrera sí se compromete a medidas concretas: levantar las huelgas, protestas y bloqueos por al menos 90 días, así como retirar la exigencia de renuncia inmediata de Paz (una consigna que se le impuso desde abajo por la presión de las masas movilizadas). 

 Y, a pesar de que el documento firmado por la COB exige la liberación de numerosos detenidos, no dice una palabra de la represión, habilitándole al gobierno la declaración del estado de excepción, lo que le permite ahora avanzar contra los bloqueos y movilizaciones restantes de quienes se oponen al pacto con el gobierno. 

Mientras Perú y Colombia están próximos a sumarse a la lista de países latinoamericanos gobernados por la extrema derecha (aunque ambos escenarios todavía no están cerrados) en un contexto de fuerte polarización política, la rebelión obrera y campesina boliviana demuestra que en América Latina existen sobradas reservas de lucha para enfrentar los ataques de los gobiernos y su alianza con el imperialismo. Del mismo modo que la traición de la CGT en Argentina le dio impulso político al gobierno, pero no borra de un plumazo de la situación política que existe una tendencia a la movilización y la lucha desde abajo. 

En Bolivia, Argentina y toda América Latina tenemos por delante el enorme desafío de que la clase trabajadora pase por encima de estas direcciones traidoras y burocráticas para poder derrotar a la derecha y el imperialismo en toda la región. 

Desde la Organización Socialista de los Trabajadores expresamos nuestra solidaridad con la lucha del pueblo boliviano y exigimos:  

¡Abajo la represión y el estado de excepción!  

¡Libertad a todos los detenidos por luchar!  

¡No al pacto de traición de la COB con el gobierno de Paz! 

¡Fuera Trump y el imperialismo de Bolivia y toda América Latina!