En el marco del ajuste que está llevando Milei a la educación y a las políticas de discapacidad en particular, existe una profunda preocupación y disconformidad en las comunidades educativas de la provincia de Buenos Aires por las políticas llevada adelante por el gobierno de Kicillof en el ámbito de la educación especial, donde bajo un discurso inclusivo se quiere hacer pasar un ajuste a la educación.

Familias, estudiantes con discapacidades y docentes estamos denunciando de manera conjunta el severo impacto pedagógico derivado de las actuales directrices de la Dirección de Educación Especial provincial. Bajo una reestructuración que prioriza criterios administrativos por sobre las necesidades pedagógicas reales, los nuevos cambios, que se realizan de hecho sin normativas, están deteriorando gravemente la calidad educativa de los estudiantes.

Un punto crítico del reclamo radica en la insistencia conceptual de hablar de discapacidades, en plural. La actual gestión tiende a una unificación abstracta del término (“discapacidad”), invisibilizando de forma peligrosa que cada estudiante presenta realidades singulares. Las trayectorias escolares requieren apoyos, configuraciones y lenguajes específicos que no pueden disolverse en una respuesta diagnóstica pedagógica generalista ni en aulas homogeneizadas que desatienden la diversidad.

«Hablar de discapacidades, en plural, no es un capricho semántico: es defender el
derecho de cada estudiante a recibir la educación específica que necesita.»

El caso de la Escuela N° 515 de La Plata se ha transformado en el triste emblema de este avasallamiento. Durante más de 70 años, esta institución fue un faro de excelencia en la formación pedagógica y el desarrollo de autonomía para estudiantes con discapacidad visual. Hoy, tras las reformas impuestas, ha sido reducida a “una escuela especial más como todas”. Esta transformación despoja a la comunidad ciega y de baja visión de un entorno diseñado con áreas específicas y tecnologías adaptadas, atendido por profesionales formados en su misma especificidad cultural y lingüística.

Esta pérdida de calidad impacta directamente en las condiciones laborales docentes, provocando una severa sobrecarga de tareas. Los profesionales se ven obligados a intervenir en áreas que exceden por completo las incumbencias de sus carreras. Cabe recordar que el sistema de Educación Especial en la provincia contempla cuatro títulos y especialidades claramente diferenciados para dar respuestas técnicas adecuadas:

• Visuales: Especialistas en sistema Braille, orientación y movilidad, y baja visión.
• Auditiva: Profesionales formados en Lengua de Señas Argentina (LSA) y bilingüismo.
• Neuromotora: Formación en comunicación aumentativa-alternativa y adecuaciones físicas.
• Intelectuales: Abordaje de procesos cognitivos y configuraciones para la inclusión pedagógica.

La decisión de entrecruzar de forma arbitraria estas orientaciones responde a un plan de ajuste destinado a disminuir la Planta Orgánica Funcional (POF) de los establecimientos. Al fusionar criterios y flexibilizar los perfiles, se ahorran cargos técnicos indispensables, vulnerando abiertamente lo establecido por la Ley Nacional N° 26.378, la cual ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su Artículo 24, el tratado exige de forma taxativa un sistema inclusivo en todos los niveles, asegurando que se emplee a profesionales cualificados y especializados para que los estudiantes alcancen su máximo desarrollo académico y social.

Exigimos revertir de inmediato la degradación del sistema y devolver la especificidad indispensable a las escuelas para que el derecho a la educación deje de ser un lema de gestión y vuelva a ser una realidad tangible.

Gonzalo – Agrupación Docente Puño y Letra