El próximo 6 de agosto el gobierno buscará que el Congreso apruebe la autoproclamada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», un proyecto que habilita la compra masiva de tierras por parte de empresarios extranjeros.
Si bien el oficialismo pensaba tratar el proyecto antes del receso de invierno, a veces es necesaria una acción disruptiva para que aquello que parecía desconectado cobre sentido ante los ojos de todos. La intrépida acción espontánea de unos hinchas en el Mundial que, durante la semifinal contra Inglaterra, ingresaron una bandera con el lema «Las Malvinas son argentinas» —a pesar de la expresa prohibición del gobierno de Milei y de la FIFA— devolvió la causa Malvinas al centro de la escena y desató un efecto dominó que paralizó la agenda oficial.
Tal es así que, al día siguiente de vencer al seleccionado inglés, la sesión legislativa que buscaba aprobar la ley de extranjerización de tierras quedó suspendida y pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
Principalmente porque tanto el oficialismo como la oposición y su personal político que ya especulan con las elecciones del 2027 navegan en la incertidumbre que les devuelven las encuestas, donde el conjunto del arco patronal se encuentra empantanado. Esto los lleva a buscar medir el pulso antes de decidir si acompañan o no al gobierno, más frente a una medida tan antipática. Como nadie quería quedar pegado a la entrega del país en medio de la euforia latente tras la victoria de la Albiceleste, decidieron patear la pelota hasta la próxima sesión en el Senado.
Para tomar dimensión, el Observatorio de Tierras Rurales reporta en sus informes1 que actualmente el 4,97% del territorio nacional se encuentra en manos extranjeras, lo cual equivale a 13.243.219,49 hectáreas —para tener una idea, es casi el equivalente a la superficie de la provincia de Córdoba—. Sin embargo, al desgranar estos datos se puede ver cómo existen diversos departamentos provinciales donde la concentración de tierra en manos extranjeras llega al 50% en La Rioja y Salta, pasando a más del 30% en zonas de Misiones y Corrientes, y así se puede seguir listando.
¿De qué se trata la ley?
En sí, estas modificaciones están enmarcadas en el rimbombante proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada”, que viene a modificar varias otras normas, como la Ley Nacional de Expropiación, que permite al Estado hacer uso de esta facultad en casos de utilidad pública, colocando mayores límites a su uso y redefiniendo los criterios para declararla. No es casual, ya que se da en medio del anuncio de nuevas privatizaciones y del disgusto que pasó el gobierno con el fallo a favor de YPF.
Por otro lado, el proyecto pretende modificar también la Ley de Manejo del Fuego, eliminando los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quáter, donde se establece la prohibición del cambio de uso de la tierra, “desalentando” los incendios intencionales y la especulación inmobiliaria alrededor de las zonas quemadas. Es decir: se da vía libre para los incendios intencionales con fines de especulación inmobiliaria.
Pero el punto nodal del proyecto del gobierno está en la modificación de la Ley 26.737, que establece un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales en Argentina, regulando especialmente la titularidad y los límites para personas físicas y jurídicas extranjeras.
Como trasfondo, esta ley fue aprobada luego del escándalo por la compra de 200.000 hectáreas en la provincia de La Rioja por parte de un inversor estadounidense en el año 2008. Dentro de esa enorme extensión que había adquirido no solo se encontraban los campos y montañas, sino también el pueblo de Valle Hermoso y los cuerpos de agua cercanos.
Este no fue es un caso aislado, se dio en el contexto de la crisis de Lehman Brothers en 2008, que llevó a un proceso de acaparamiento de tierras (land grabbing), principalmente en África y América del Sur. Tras el derrumbe del sistema financiero, hubo un movimiento de grandes capitales hacia activos «reales» pero con iguales fines especulativos, en particular la compra masiva de tierras. En nuestro país, esto motivó que en el año 2011 se sancionara la mencionada Ley de Tierras Rurales, colocando una serie de límites a su compra por parte de extranjeros. Como ley y como medida, quedaron por detrás de la realidad porque recién al sancionarse fue creado el Registro Nacional de Tierras Rurales; es decir, el Estado no tenía noción —y no la tuvo por décadas— del alcance de la extranjerización de las tierras, ni interés alguno en limitarlo. Por otro lado, carecía de aplicación retroactiva, dejando intactas las compras de miles de hectáreas en la Patagonia hechas, por ejemplo, por Lewis y Benetton.
El proyecto del gobierno reduce la limitación a situaciones excepcionales vinculadas a la compra de tierras realizada por Estados extranjeros —casos muy raros— o empresas extranjeras con participación estatal, y deja así por fuera a los grandes capitales privados gracias a que se reduce su definición, la cual abarcaba tanto a personas físicas como jurídicas, así como a sociedades con participación extranjera de manera directa o indirecta. La limitación a empresas extranjeras, pero sólo aquellas de participación estatal, es otro favor directo del gobierno para Donald Trump, con el objetivo de limitar la influencia de China y, al mismo tiempo, habilitar la entrega de tierras para capitales privados estadounidenses. Es decir: el proyecto no busca proteger la soberanía del país, sino someterse más hacia Estados Unidos y su interés geopolítico en su disputa con China.
El otro punto central del proyecto se encuentra en la eliminación de los límites de extranjerización de la tierra establecidos en los artículos 8, 9 y 10 de la ley actual: se suprime el límite del 15% aplicable a nivel nacional, provincial y municipal, también el límite nacional del 30%, así como el tope por titular extranjero utilizando criterios como el de la zona núcleo y aquella restricción respecto a las tierras con acceso a cuerpos de agua.
En síntesis, de lo que se trata es de vaciar de contenido las leyes para entregarlas a los grandes magnates. No es casual que esto ocurra tras la modificación de la Ley de Glaciares y en medio de las intenciones del gobierno de habilitar proyectos tecnológicos e infraestructura intensiva (como los data centers) de, por ejemplo, OpenAI, que requieren extensiones de tierra y agua potable para funcionar. Esta ley significa someter al país a una mayor dependencia y a la expoliación de todos sus recursos naturales.
La entrega, aun legal, de las tierras a través de su enajenación es una lucha contra la injerencia del imperialismo y los capitales extranjeros para expoliar el país aun más. Esto se extiende desde la causa Malvinas -donde actualmente se lleva adelante el proyecto Sea Lion para la explotación de los recursos en el suelo oceánico, con el capital dominante de la empresa israelí Navitas Petroleum con el 65% de la participación- hasta la lucha contra la entrega del territorio nacional en pos del proyecto primarizador encarnado en Mieli y su gobierno.
Todos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros
Los argumentos de los defensores de la entrega del país estarían, según ellos, dados por la Constitución Nacional, que garantiza la igualdad de los derechos civiles con los extranjeros. Pero, como en todo, el contenido de las cosas no está en las palabras, y menos en la fría letra de una ley: esa oda a la igualdad es solo para Peter Thiel, Elon Musk y los grandes capitales extranjeros, mientras se amenaza con arancelar la educación y la salud para quienes migran al país.
De hecho, hoy el gobierno publicó un DNU en el que se enarbola de xenofobia y falso patriotismo para habilitar la deportación y expulsión de cualquier extranjero que haya emitido «mensajes de odio» contra la Argentina, un pobre intento de lavada de cara nacionalista y que sólo servirá para ser usado contra la población migrante, al mismo tiempo que el propio Milei quiere entregar el territorio nacional a los magnates de las potencias imperialistas.
Por eso, este 6 de agosto tenemos que ser miles en las calles; la CGT y la CTA tienen que llamar a paro general y movilización para tirar abajo esta ley de entrega y privatización del país.
Germán C.
OST | Organización Socialista de los Trabajadores 