La Seccional La Plata del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (SUTIAGA) se encuentra atravesando una feroz interna. El conflicto empezó a fines de mayo con el despido de tres operarios de la empresa CCU-Conurbano Distribución que querían presentar una lista para ser electos como delegados en dicha distribuidora de bebidas. Según testimonios de los trabajadores, El Secretario General de la seccional, “Cali” Roagna, habría fomentado los despidos para favorecer al actual delegado de Ventas, Martín Ríos, y lograr que fuese reelecto en su cargo, junto con el cuñado del dirigente sindical, que también trabaja en esa empresa.

El 1ro de junio los tres despedidos y otros trabajadores del sector se movilizaron a las puertas del sindicato para repudiar a Roagna porque desde la empresa les transmitieron que sus despidos habían sido solicitados por la propia conducción sindical, lo que motivó que la protesta tuviera elementos de radicalización antiburocrática, siendo calificados por el oficialismo como “disturbios”.

Luego de la protesta del 1ro de junio, los trabajadores realizaron cinco días de huelga con acampe en el depósito que la empresa tiene en el polo industrial de Ruta 2 y 520, logrando finalmente la reincorporación de los despedidos, pero continuaron recibiendo aprietes: Se les dice que quienes no apoyen a la actual conducción van a ser cesanteados.

Como represalia por las acciones de protesta de esos días, el Secretario General sancionó a tres miembros de la Comisión Directiva que apoyaron las mismas: Suspendió por 45 días al Secretario Gremial Miguel Ángel Camacho, al Primer Vocal Adrián Valdez, y al Tercer Vocal Titular Javier Molina, y realizó una serie de denuncias penales. Actualmente Valdez tiene una perimetral judicial que le impide acercarse a las actividades del sindicato, mientras que Molina regularizó su situación respecto de las denuncias penales de la Conducción en su contra pero se le sigue cercenando la libertad sindical. En relación a Camacho, Roagna directamente pretende expulsarlo del sindicato.

El 20 de agosto se llevó a cabo una asamblea fraudulenta en la que el oficialismo presionó a los concurrentes para que votaran en favor de la  expulsión de Camacho, a quien no se le permitió el derecho a participar de la asamblea, por existir una perimetral en su contra (establecida por la propia conducción), y también se le negó el acceso a otros integrantes que la conducción preveía que votarían contra sus intereses. Por ese motivo Camacho realizó presentaciones legales ante la Justicia nacional y laboral para solicitar que la anulen y que intervenga un veedor oficial para revisar toda la documentación de la asamblea y de todas las medidas que se tomaron en su contra.

Otro hecho escandaloso fue el despido de una trabajadora de Transve que se apellida Camacho pero que no tiene parentesco alguno con el secretario gremial ni tiene nada que ver con la interna sindical, lo que configura una clara arbitrariedad. Y este despido arbitrario no se revirtió.

Desde El Martillo nos ponemos a disposición de los trabajadores del sector para todas las acciones de lucha que democráticamente decidan emprender. Exigimos que se respete el calendario electoral y que cesen todas las medidas de amedrentamiento contra la oposición sindical. ¡Los sindicatos son de los trabajadores, no de los burócratas pro empresarios!