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La situación política del continente americano tuvo su último punto de inflexión con la llegada al poder de Donald Trump en enero de 2025. La asunción de su segundo mandato implicó un cambio en la orientación política del imperialismo norteamericano. Tras años de intentar frenar su sostenido declive económico y político mundial frente al avance irrefrenable de China, lo que se dispuso a hacer Trump, como expresión de este giro imperialista, fue «levantar el freno de mano» de esta larga decadencia a través de una contraofensiva en todos los órdenes: económico, político y militar. Un intento de recuperar posiciones de poder seriamente erosionadas durante las últimas tres décadas, en las que China se lanzó a un poderoso y centralizado proceso de restauración capitalista y, por medio de una verdadera revolución industrial, tecnológica y de creciente penetración imperialista en la esfera mundial, llegó a colocarse en la actualidad como el principal contendiente imperial de EEUU en el mundo. Un hecho de magnitud sin el cual es incomprensible la dinámica política internacional de crecientes disputas imperialistas, polarización de la lucha de clases y presión cada vez más intensa del imperialismo estadounidense sobre el continente americano.

A modo de vistazo panorámico, vamos a situarnos en la coyuntura política del continente. Pasaremos revista, en primer lugar, a la política recolonizadora de EEUU en América Latina y a diversos desarrollos de la lucha de clases dentro de la propia nación imperialista. Luego nos detendremos en la situación latinoamericana -Argentina, Perú, Colombia y Bolivia- y en el caso de Cuba, donde la ofensiva imperialista y la restauración capitalista avanzan de forma combinada. Al finalizar abordaremos tres cuestiones de alcance estratégico que atraviesan todos estos procesos: la dinámica del doble poder en las experiencias de lucha, el resurgir de la cuestión nacional y las tareas que se desprenden para la reconstrucción del socialismo revolucionario en el continente.

1. Imperialismo y extrema derecha

««Sin Trump no podría haber existido Javier Milei», declaró a The New Yorker un miembro de la campaña de Milei tras su victoria. «Nosotros marcamos el tono para todo el hemisferio occidental», afirma el senador estadounidense Bernie Moreno, estrecho aliado de Trump y nacido en Colombia.» (La trumpificación de América Latina, The Economist)

El desarrollo de la extrema derecha en el continente americano ya lleva una larga década. Mucha tinta ha corrido para explicar sus características, empezando por señalar sus diferencias con el fascismo histórico de las décadas de 1920 y 1930. Pero en general, muchos de los análisis fallan al no situar el desarrollo de este fenómeno como expresión política de una clase social: sólo es posible comprenderlo si lo conectamos con esa determinación fundamental.

Entonces, ¿qué representa la extrema derecha? La precisamos como la expresión de un giro político de paso a la ofensiva por parte de una fracción de la clase capitalista. Un movimiento ofensivo contra la clase trabajadora y los explotados y oprimidos, pero también contra otras fracciones de la clase capitalista internacional. Es el producto burgués propio de esta nueva época de larga crisis de estancamiento del capitalismo a nivel global y, por lo tanto, la búsqueda de una política capitalista que se ponga a tono con este mundo más competitivo, agresivo y polarizado.

Cada región del mundo alumbra sus propias expresiones de extrema derecha. En particular en el continente americano, los distintos partidos que le son tributarios responden a la política del imperialismo norteamericano bajo el mando de Donald Trump. Y como en los últimos tiempos fueron obteniendo triunfos electorales en distintos países de la región, hasta el propio diario de la gran burguesía librecambista, The Economist, comenzó a hablar de una «trumpificación» de América Latina. Aunque consideramos que se trata de una descripción apologética que busca exagerar el fenómeno para potenciarlo, la realidad es que el «trumpismo» efectivamente viene avanzando en la región. Su derrotero es considerable: Bolsonaro en Brasil (octubre de 2018), Bukele en El Salvador (febrero de 2019), Milei en Argentina (noviembre de 2023), Nasry Asfura en Honduras (noviembre de 2025), Kast en Chile (diciembre de 2025), Laura Fernández en Costa Rica (febrero de 2026), Keiko Fujimori en Perú (junio de 2026) y Abelardo de la Espriella en Colombia (junio de 2026).

Pero a pesar de que el pulso actual lo esté marcando la ofensiva del imperialismo, del otro lado, entre el movimiento de masas del continente hay una profunda tendencia a emerger en las calles de forma recurrente en determinadas coyunturas políticas. La fuerza que viene de la lucha de los explotados encuentra todo tipo de formas de encauzarse y pronunciarse: desde los eventos propios de la lucha de clases, como las grandes rebeliones que son parte de la vida del continente -incluimos ahora a EEUU y su tendencia cada vez mayor a la acción colectiva de masas-, hasta la traducción de esas aspiraciones en las contiendas electorales de la propia democracia burguesa. En este terreno, en lo que resta del año habrá elecciones en dos de los países más importantes del continente, EEUU y Brasil, y por lo tanto sus resultados definirán una parte sustancial del equilibrio político más general, no sólo en la región sino también a nivel global.

Si bien la mayoría de los pronósticos electorales proyectan un triunfo de Lula sobre Flavio Bolsonaro y una derrota de Trump en las elecciones legislativas de noviembre, el grado de apertura de la situación política internacional y su inestabilidad actual impiden hacer una aseveración categórica. De hecho, si observamos la dinámica de las contiendas electorales en la región durante este primer cuarto del siglo XXI se perciben dos momentos bien diferenciados. Durante el primero, que va de 2000 a 2015, primó una tendencia a la reelección de los gobiernos, montados sobre la ola de crecimiento económico regional. Pero los márgenes económicos se acotaron, incubando un malestar creciente en la población. Como señala el politólogo Juan Negri, más que una ola de derecha estructural, lo que atraviesa América Latina es una tendencia antioficialista: gobiernos que no logran reelegirse y pierden apoyo con rapidez ante las dificultades que enfrentan¹.Un señalamiento que, aunque tiende a acentuar el rasgo antioficialista más que el polo dominante —que efectivamente sí es de derecha—, resulta interesante porque pone en evidencia una real tendencia de masas a «castigar» electoralmente, y de forma más rápida que antes, a quienes detentan el poder.

Por lo pronto, como veremos en los casos que analizaremos a continuación, la tónica de los asuntos políticos viene marcada por la ofensiva capitalista, pero existe el otro polo, anclado entre los explotados y oprimidos, que resiste a esta presión y le pone límites desiguales según el grado de lucha de clases en cada país.

2. EEUU y su estrategia de recolonización

El año político en América dio su campanada inicial con un evento reaccionario de magnitud: EEUU ingresó militarmente a Venezuela y secuestró a su presidente, Nicolás Maduro².Cosas así no suceden a diario y configuran un ataque político histórico del imperialismo contra una nación oprimida del continente. Fue todo un signo de lo que Trump se propone hacer con su nueva orientación imperialista para América Latina: avanzar sin tapujos en la profundización de la dominación política y económica sobre los Estados y sus pueblos, convirtiéndolos en una plataforma continental a su disposición en múltiples sentidos.

Una de las cosas que más le importa a EEUU es disponer de los recursos naturales de la región, de modo que sean la materia prima necesaria para su aparato productivo, tecnológico y militar. De no lograr hacerse de estos recursos, corre el riesgo de que China -que sí dispone por su cuenta de ellos- termine sobrepasándolo. Es decir: en la carrera global por la disputa imperialista, América Latina es una zona fundamental para EEUU y por eso recuperar sus posiciones debilitadas y hasta perdidas es una necesidad estratégica a mediano y largo plazo. Si pretende continuar siendo una potencia económica global, no puede «darse el lujo» de que los países de su histórica zona de dominación imperial se le escapen. De ahí que hoy se hable de que esta nueva política de recolonización de Trump se equipara con la Doctrina Monroe de 1823, que planteaba que el continente americano le pertenecía a EEUU y que este tenía pleno derecho a su dominación colonial.

Esta pretensión neocolonial está anclada, además, en el surgimiento de la revolución tecnológica de la inteligencia artificial y en los proyectos de infraestructura que las potencias mundiales están diseñando para garantizar la cadena de suministro de las materias primas que permitan su pleno desarrollo. Una necesidad de recursos nueva que, según todas las proyecciones, promete «devorar» ingentes fuentes de energía en las próximas décadas, por lo que quienes controlen esos recursos deberán primero hacerse de los elementos necesarios para hacerlo posible.

La cuestión concreta que se pretende desarrollar es una infraestructura que permita instalar, como ya sucedió en Chile, grandes centros de procesamiento de datos informáticos. Son complejos que requieren básicamente dos insumos: energía para funcionar y agua para mantenerlos a la temperatura que exige su funcionamiento. Por lo tanto, no puede hacerse en cualquier parte del mundo: la localización geográfica es clave, y en un contexto donde la competencia entre potencias se recrudece resulta vital garantizar que las cadenas de suministro no sufran la interferencia de bloqueos comerciales producto de las nuevas guerras comerciales. Si China cuenta en su región con zonas que le permiten sostener estas cadenas de suministro, EEUU necesita hacerse de las suyas para recuperar su papel en la competencia global.

Con esta orientación estratégica global fueron apareciendo todo tipo de proyectos en distintos países de la región. Pero el salto se produce en diciembre de 2025, cuando Trump lanza la denominada doctrina de la «Pax Sílica», que busca que EEUU y sus aliados aseguren el control de los suministros de la IA -desde el litio y la energía hasta el software- para competir estratégicamente con China. Siguiendo este lineamiento, Brasil, de la mano del gobierno de Lula, firmó un acuerdo para garantizarle a EEUU el suministro de «minerales críticos», y Argentina aprobó con media sanción del Congreso la Ley del Súper Rigi, que permite el ingreso libre de este tipo de capitales vinculados al desarrollo de la IA. Además, durante el mes de mayo, el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de EEUU, Jacob Helberg, diseñador de esta nueva doctrina, viajó por Guyana, Panamá y Costa Rica buscando alistarlos para este nuevo plan de sometimiento colonial.

3. EEUU: ofensiva trumpista y contratendencias

La rebelión contra el ICE

Desde el punto de vista de la lucha de clases al interior de EEUU, el evento más importante de lo que va de 2026 fue la rebelión popular en el estado de Minnesota contra la policía antiinmigrante del ICE, durante el mes de enero.

Se trató de un proceso de movilizaciones que adquirió no sólo masividad sino también un grado de radicalización que rememoró a la rebelión antirracista de 2020 bajo la bandera de Black Lives Matter, durante el primer mandato de Trump. Con particular protagonismo de la juventud, miles de personas se movilizaron durante semanas, organizaron boicots a las redadas antimigratorias del ICE y protegieron de manera organizada y desde abajo a los inmigrantes perseguidos por la policía.

Algunos de los episodios que más desataron la indignación y pusieron contra las cuerdas a las fuerzas de Trump fueron los asesinatos de Renee Good, el 7 de enero, y de Alex Pretti, un trabajador de la salud de 37 años que se manifestaba contra el ICE el 24 de enero en Minneapolis. Ambos eran ciudadanos estadounidenses, lo que hizo que sus muertes tuvieran impacto político en todo el país. Luego de los asesinatos, las protestas trascendieron a la juventud y sumaron a miles de personas más, incluyendo sindicatos, organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos, adquirieron muy importantes niveles de autoorganización territorial y vecinal para coordinar la resistencia a las redadas del ICE.

Las movilizaciones incluyeron vigilias multitudinarias, bloqueos de calles y enfrentamientos directos con la policía. Trump se volcó de lleno al conflicto y, aunque intentó aplastar la rebelión con más militarización, la lucha popular consiguió que los agentes del ICE se retiraran del estado de Minnesota, lo que configuró el principal triunfo popular contra Trump en el terreno de la lucha de clases.

La «trumpización» de las Big Tech

Otro de los aspectos con mayor significado político fue el estrecho vínculo entre las redadas antimigratorias de Trump y su alianza con las grandes corporaciones tecnológicas vinculadas a la IA, en particular la empresa de vigilancia masiva Palantir, fundada por el magnate Peter Thiel.

La empresa provee software de vigilancia basado en IA y tecnología de reconocimiento facial para facilitar detenciones y deportaciones de inmigrantes. Uno de los aspectos más interesantes de la lucha contra el ICE fue el desarrollo de protestas en distintas sedes de la empresa. En abril de este año, decenas de activistas y miembros de comunidades inmigrantes se manifestaron frente a la sede de Palantir en Washington y denunciaron que la empresa «se lucra del sufrimiento» al proveerle al ICE herramientas de rastreo y vigilancia. En junio, protestas similares se replicaron en las oficinas que la empresa tiene en Manhattan, protagonizadas por sindicatos y familiares de inmigrantes detenidos y deportados. Incluso varias fuentes internas de la empresa revelaron a la prensa estadounidense que entre los propios trabajadores de Palantir hubo posicionamientos críticos del accionar de la compañía.

La alianza entre el aparato de Estado y las corporaciones tecnológicas es un capítulo aparte de la situación política, tanto interna como externa, de EEUU. El debate se reavivó luego de que las cuentas oficiales de la empresa publicaran un «manifiesto» nacionalista y supremacista que habla de un «choque de civilizaciones» y de la necesidad de que triunfe lo que se propone como la «cultura occidental» frente al «multiculturalismo» y las «subculturas». En este sentido, el manifiesto es más que una oscura campaña de marketing dirigida a vender los servicios de Palantir: su destinatario no es el público en general sino el Pentágono y la CIA. Se trata de una apuesta mayor, un programa de integración orgánica de las grandes corporaciones tecnológicas con el Estado, como punta de lanza para enfrentar el reto estratégico que significa para un EEUU en decadencia relativa su rivalidad con China. En el medio, contratos multimillonarios.

Este es el calibre de los principales clientes de la empresa, entre los que se encuentran también las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), que utilizan sus servicios, entre otras cosas, para espiar a la población palestina y para que una inteligencia artificial decida quién muere hoy y quién mañana.

El manifiesto viene a coronar un proceso de transformación -y en algunos casos de franco sinceramiento- en la matriz ideológica de los cabecillas de Silicon Valley, apalancado en las nuevas necesidades comerciales de sus empresas tras el desorbitado flujo de inversiones hacia tecnologías de IA, que tiene un futuro incierto desde el punto de vista de su rentabilidad en el mercado, pero uno mucho más seguro en los contratos con el Estado y el complejo militar-industrial.

La tendencia al libertarianismo que hasta hace pocos años emanaba de las usinas de Silicon Valley -sede de las corporaciones tecnológicas más importantes del planeta- fue transformándose en un estatismo policial-militarista apenas disimulado. Los cantos contra las regulaciones estatales, los impuestos e incluso la centralización administrativa -el propio Peter Thiel, CEO de Palantir, se manifestó a favor de un sistema político basado en «ciudades-Estado privadas», es decir, gobernadas por CEOs- fueron dando lugar a discursos en apariencia cada vez más orientados en sentido opuesto, como muestra ahora descarnadamente el manifiesto de Palantir: lejos de descentralizar y achicar el Estado, se propone la más profunda integración entre las corporaciones y las altas esferas político-militares estatales. Se mantiene la idea de la privatización de lo público, pero ahora las empresas le brindan al Estado las herramientas para el control social, la persecución política y la represión de la protesta: «Estado en todas partes» en lo que hace a la limitación de los derechos democráticos más elementales, y ausencia brutal del Estado en favor de la privatización extrema de la vida «privada» y de los derechos sociales como salud, educación y vivienda. En realidad, este «estatismo» no es una traición a sus convicciones liberales sino su prolongación natural: para la dominación más feroz y absoluta del mercado proponen la dominación más feroz y absoluta del Estado, en sentido autoritario.

La irrupción del ala izquierda de los demócratas

Si los ataques feroces de Trump contra los de abajo y la resistencia callejera y popular representan de manera nítida los dos polos activos de la situación política, la «traducción» de esta polarización al terreno político-electoral es el fenómeno de la irrupción de la «izquierda» y los «socialistas democráticos» en la política estadounidense en general y en el establishment ligado al Partido Demócrata en particular.

Así como el trumpismo terminó devorándose al establishment republicano desde su irrupción en 2016, ahora los demócratas temen que ocurra lo mismo con el crecimiento de figuras más a la izquierda que, aunque no cuestionan el sistema capitalista, sino que proponen su reforma, expresan un sentimiento que genuinamente crece desde abajo, sobre todo entre los jóvenes, las mujeres y la población trabajadora precarizada.

Si bien las figuras de la izquierda demócrata ya despuntaron hace varios años —con Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez a la cabeza—, el mayor cimbronazo político para el sistema fue el resonante triunfo de Zohran Mamdani nada menos que en la alcaldía de Nueva York, la capital del sistema financiero mundial.

Mamdani se impuso primero en las primarias demócratas y luego en las generales con una campaña centrada en temas económicos que hizo fuerte mella en las necesidades de los de abajo: frente a décadas de dominación de la especulación inmobiliaria, propuso el congelamiento de los alquileres, el transporte público gratuito y la apertura de supermercados estatales con precios más bajos que las grandes cadenas. La buena recepción de estas propuestas, a pesar de ser reformas muy limitadas, escandalizó al sistema político tradicional, totalmente servil a la clase capitalista. Que porciones cada vez mayores de la población vean con buenos ojos este tipo de propuestas es un síntoma inequívoco de la polarización política creciente.

Luego del triunfo de Mamdani comenzaron a darse las primeras victorias de otros demócratas de cara a las elecciones de medio término de noviembre de este año, y el ascenso de figuras ligadas a la «izquierda» continuó registrándose. El caso más resonante fue el de Darializa Ávila Chevalier, una activista dominicana afrolatina que derrotó a Adriano Espaillat en el distrito 13 de Nueva York, desplazando a un referente del establishment latino con más de una década en el cargo. Ávila Chevalier, que en el pasado expresó posiciones como el desfinanciamiento de la policía, la apertura de las fronteras, la eliminación del ICE y la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, logró imponerse en su interna.

En paralelo, en Colorado, la abogada Melat Kiros venció a la veterana congresista Diana DeGette, en funciones desde 1996. Kiros había sido despedida de su estudio jurídico por defender públicamente el derecho de estudiantes de Columbia a cuestionar la existencia del Estado de Israel sin ser acusados de antisemitismo, lo que convirtió su campaña en un símbolo de ruptura con las posiciones tradicionales del Partido Demócrata, aliado histórico del sionismo.

Estos triunfos, junto con la consolidación de candidaturas progresistas en ciudades como Seattle y la proyección de figuras como Abdul El-Sayed en Michigan, muestran que la insurgencia de la izquierda reformista dentro del Partido Demócrata no se limita a Nueva York, sino que se expande a nivel nacional, tensionando al establishment y convirtiendo la cuestión palestina en un tema central para el electorado. Según encuestas, entre la población menor de 30 años el apoyo a Palestina es mayoritario, mientras que el apoyo a Israel se encuentra en mínimos históricos en el conjunto de la población estadounidense.

Párrafo aparte merece la candidatura independiente de Kshama Sawant a la Cámara de Representantes por el 9° Distrito del Estado de Washington, que corresponde con la importante ciudad de Seattle. Sawant es una dirigente socialista fundadora del grupo Revolutionary Workers y durante diez años logró ocupar una banca como concejala en la ciudad de Seattle, siendo la única socialista que ocupó un cargo municipal en esa ciudad en más de un siglo. Sawant rechaza tanto al Partido Republicano como al Demócrata, y a pesar de haber tenido que enfrentar intentos de revocar su candidatura, logró postularse a las primarias de principios de agosto con el objetivo de competir por una banca en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre. Finalmente, aunque Sawant no pudo superar esa primera instancia electoral, conquistó un histórico 17% de los votos, conquistando un lugar muy destacado para la izquierda trotskista en Seattle. Su campaña hizo hincapié en impuestos a los ricos, salud gratuita universal y embargo de armas permanente para Israel.

4. El experimento libertario en Argentina

Aunque parezca un período breve, la cantidad de eventos políticos, las sucesivas crisis y los procesos de lucha experimentados en estos más de dos años y medio de gobierno mileísta le han impreso a la situación política de Argentina una alta vertiginosidad. A partir de la densidad de estos episodios vamos a detenernos a hacer algunas apreciaciones generales.³

En primer lugar, la ofensiva capitalista que encarna el gobierno contra la clase trabajadora es tiene un nivel profundo y pretende avanzar mucho más. No sólo en el plano económico sino también en uno más político y global, en tanto busca desmontar derechos sociales conquistados en décadas anteriores. Sin embargo, a pesar de que Milei aplicó un profundo ajuste económico y aprobó una ley laboral que quita derechos históricos a los trabajadores, tiene importantes dificultades para avanzar en ataques referidos a libertades democráticas y derechos humanos, a la legislación conquistada en los últimos años por el movimiento de mujeres y diversidades -como el derecho al aborto- o a la privatización de empresas estratégicas como YPF: por nombrar algunas «zonas rojas» que podrían desatar fuertes luchas sociales.

De entre todas las reformas de fondo que pide la clase capitalista, una de las más estructurales es la jubilatoria, que busca no sólo reprivatizar todo el sistema de pensiones sino también, siguiendo ejemplos de otras partes del mundo, subir la edad para jubilarse. La última vez que se intentó avanzar contra los derechos de los trabajadores jubilados fue bajo el gobierno de Macri, en diciembre de 2017, y se produjeron dos enormes jornadas de lucha que, si bien no lograron frenarla, marcaron el fin del proyecto liberal de ese gobierno y dejaron sentado el precedente de que hay ciertos límites peligrosos de transgredir para mantener la gobernabilidad de los gobiernos capitalistas.

Estos «límites» nos remiten al grado de resistencia que el movimiento de masas ha logrado desarrollar frente a esta ofensiva reaccionaria, con enormes movilizaciones de cientos de miles de jóvenes, trabajadores y amplios sectores de los explotados y oprimidos, que sin embargo no ha logrado sortear los obstáculos que le impone la burocracia sindical peronista. Una política consciente por parte de la principal dirección del movimiento de masas de Argentina, que ha buscado evitar una verdadera irrupción de masas capaz de derrotar por completo la ofensiva del gobierno, la clase capitalista y el imperialismo norteamericano.

Este balance de la situación política es, desde ya, provisorio: el resultado de la lucha de clases está totalmente abierto. Milei y su plan de reformas pueden seguir avanzando -a pesar de sus enormes debilidades-, o puede darse un giro donde el movimiento de masas pase a la ofensiva. Pero esto sólo puede suceder si los sectores que salen a la lucha logran superar los límites que le impone la burocracia peronista. Un buen ejemplo de un comienzo de esa superación fue con la autoconvocatoria de miles en las calles el último 6 de agosto frente al Congreso, que logró evitar que se apruebe la reforma a la ley de tierras, dejando duramente golpeado al gobierno en la coyuntura inmediata. Así, en el momento actual, la moneda está en el aire, y lo que resta de 2026 será clave para determinar si Milei puede lograr su pretendida reelección el año próximo o si las aguas de la lucha de clases lo hacen naufragar.

Esta «apertura» de la situación política argentina tiene importancia también para América Latina y en particular para los planes de Trump de recuperar su hegemonía sobre la región. Si bien no podemos tomar mecánicamente los desarrollos políticos propios del país para extrapolarlos a los demás, sí hay un elemento que se verifica como dinámica continental: una tendencia profunda a dar respuesta a los ataques, por lo que ponemos en duda que los “trumpistas” latinoamericanos logren estabilizarse y volverse realmente hegemónicos, como sí lo fue la ofensiva capitalista de los años noventa con el neoliberalismo.

5. Perú: regreso del fujimorismo y polarización extrema

Los últimos años, Perú estuvo atravesado por una sucesión de crisis políticas de alta magnitud. Desde 2018, con la caída del presidente-banquero Kuczynski tras dos años de gobierno, comenzó una sucesión de gobiernos breves que caían por crisis de corrupción y fuertes choques con el Congreso. Pero el punto de inflexión fue la irrupción de una masiva rebelión popular protagonizada por la juventud que, en noviembre de 2020, tomó las calles y en apenas cinco días logró derribar al gobierno de Manuel Merino.

Que el motor de las protestas haya sido la juventud no fue casual: los niveles de precarización laboral entre la franja de 18 a 25 años superan el 80%, lo que da cuenta de una situación de superexplotación, bajos salarios y una falta total de expectativas de progreso social. Una realidad económica producto de cómo la degradada burguesía peruana convirtió a la nación en una «meca del capitalismo»: una tierra arrasada de derechos sociales y abierta a la superexplotación laboral. De ahí que se haya acuñado el concepto de «peruanización» para hablar de cómo una nación puede lograr «estabilidad macroeconómica» -es decir, que el capitalismo actúe sin límites, con estabilidad de precios y disciplina fiscal- teniendo como contracara una sociedad diezmada en su estructura industrial y, por lo tanto, en un nivel altísimo de trabajo formal. Ese es, precisamente, el sueño que persigue la mayoría de la burguesía cipaya del continente latinoamericano.

Pero las protestas sociales no lograron sostenerse de forma sostenida para imponer un giro político sustancial a favor de los explotados y oprimidos. Por medio de maniobras parlamentarias, la clase capitalista logró encauzar la lucha callejera por la vía institucional, permitiéndole convocar a elecciones presidenciales en 2021.

Así, en medio de una «clase política» sumida en el descrédito ante la mayoría de la población, emergió la figura de Pedro Castillo, un dirigente sindical docente hasta entonces desconocido para las amplias masas. Su programa de gobierno consistía en una serie de reformas sociales progresivas dentro de los marcos del capitalismo: mayor soberanía estatal sobre los recursos naturales, una nueva reforma agraria, la elevación de los presupuestos de salud y educación al 10% del PBI, el ingreso libre a las universidades públicas, entre otras. Es decir, un programa que tocaba los acordes que habían motorizado la rebelión de miles de jóvenes y de amplios sectores de los explotados y oprimidos. Del otro lado, representando los intereses de la burguesía peruana, se postuló por tercera vez Keiko Fujimori, hija del histórico derechista que gobernó Perú durante toda la década del noventa combinando políticas ultracapitalistas, una profunda desigualdad social y un régimen político autoritario, represivo y corrupto.

A contramano de todas las expectativas de semanas atrás, resultó victorioso Pedro Castillo, con el 50,13% de los votos, apenas 44.058 más que Fujimori. Una polarización que expresó, además, dos temores opuestos que calaron muy fuerte en la campaña: si las capas medias votaron por temor a que llegara el «comunismo», como habían instalado los medios de comunicación de la burguesía en caso de ganar Castillo, entre los explotados y oprimidos se instaló la justa preocupación de que, si ganaba Fujimori, se volviera al régimen ultraneoliberal y represivo de los noventa. La radiografía del voto expresó esta sociedad dividida en clave geográfica y de clase: mientras Castillo arrasó en el sur andino, la sierra y buena parte de la Amazonía -donde se concentran los sectores sociales más castigados por el modelo extractivista-, Fujimori ganó en Lima y en el voto de los emigrados de clase media en el exterior, como en EEUU, España, Argentina e Italia.

Sin embargo, Castillo estaba lejos de tener un programa de gobierno «comunista», como quedó claro en su breve mandato presidencial. En términos generales mantuvo sus lineamientos de política económica dentro del neoliberalismo clásico y del sometimiento al FMI, dejó de lado su promesa de una Asamblea Constituyente que reformara la Constitución y no avanzó en ninguna reforma sustancial que mejorara la vida de los trabajadores y los sectores más pobres que lo habían apoyado. La distancia entre las expectativas depositadas en Castillo y su práctica de gobierno es, en sí misma, un dato político: expone los límites estructurales de cualquier proyecto que no rompa con el capital, por más origen popular que tenga su liderazgo. A pesar de eso, la burguesía peruana y el fujimorismo enquistado en el Congreso no dejaron de asediarlo para destituirlo. En pocos meses, Castillo se vio vaciado de poder político y, tratando de contraatacar cerrando el Congreso el 7 de diciembre de 2022, fue destituido por medio de un golpe de Estado parlamentario y detenido hasta el día de hoy. Por medio de un acuerdo entre la burguesía, los militares y el fujimorismo, asumió su vicepresidenta, Dina Boluarte, que inició un giro derechista acentuado por medio de una brutal represión a la protesta social que tomó las calles contra la destitución de Castillo.

En respuesta a este golpe de Estado parlamentario, estalló una verdadera rebelión popular en la que miles de peruanos salieron a las calles con demandas que iban desde la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso -visto como enemigo de los trabajadores- hasta el adelanto de las elecciones, la reforma de la Constitución y la satisfacción de todo tipo de demandas sociales. La respuesta del nuevo gobierno fue brutal: más de 50 asesinados en distintas regiones del país. Las protestas continuaron, pero el gobierno logró una estabilización frágil que le permitió sobrevivir en el tiempo.

Sin embargo, la crisis más estructural del régimen de dominación capitalista peruano no fue resuelta por el gobierno golpista de Dina Boluarte. Al contrario: la dificultad de la burguesía para lograr un nuevo punto de equilibrio en el país tuvo los días contados, y en septiembre de 2025, en el marco de la última oleada de protestas que recorrió el mundo bajo el rótulo de la «Generación Z», decenas de miles de jóvenes tomaron las calles de Perú en rechazo a las políticas de ajuste y autoritarismo del gobierno. Se trató, sin dudas, de la expresión más importante del ingreso de toda una nueva generación de trabajadores a la lucha de clases, y marca cómo la sociedad peruana va dejando atrás años de hegemonía política del capital mientras emergen, desde abajo, cuestionamientos profundos al modo de vida y a las condiciones de superexplotación que el capitalismo impone como único horizonte.

La fuerza de la rebelión fue tal que, en menos de un mes, hizo caer al gobierno de Boluarte por el mecanismo que la burguesía peruana tiene «institucionalizado» para descomprimir las crisis políticas: la expulsión por vía del Congreso. Sin embargo, el Parlamento nombró como presidente a José Jerí, que duraría apenas cinco meses en el cargo, hasta que asumió José María Balcázar como presidente interino con el mandato puntual de garantizar la realización de las elecciones ya convocadas.

Tras este largo ciclo de crisis en la conducción política del Estado por parte de la burguesía, y la constante irrupción desde abajo de los explotados y oprimidos, Perú llegó a 2026 con la convocatoria a elecciones presidenciales en medio de un profundo descrédito popular hacia el conjunto de las instituciones políticas. A pesar de la fuerte oposición de amplias capas de la población a las políticas ultracapitalistas impuestas por el fujimorismo en los noventa, finalmente se impuso Keiko Fujimori.

Se trató, sin embargo, de un triunfo al límite del empate: mientras que el candidato Roberto Sánchez, de Juntos por Perú, que se ubicaba como heredero de Pedro Castillo, obtuvo el 33,5% del padrón —unos 9.173.755 votos—, Fujimori llegó al 33,7%, con 9.223.396 votos: apenas 49.641 de diferencia, lo que expresa una extrema polarización entre ambas fuerzas políticas y, a su manera, una tendencia al crecimiento de la lucha de clases de los últimos años.

Al mismo tiempo, hay un dato de fondo que es una manifestación contundente de la crisis de representación política general: el 32,7% del padrón se expresó con su ausencia o con el voto en blanco o nulo. Un elemento que muestra que el bloque de poder del fujimorismo no tuvo una mayoría social, sino que quedó en la retina de miles de votantes que el progresismo reformista de Sánchez -y antes, el de Castillo- no ofrece una verdadera alternativa para resolver los grandes problemas que afectan a la clase trabajadora y campesina. Fue, por tanto, más la crisis y la desilusión del reformismo en el poder lo que llevó al regreso del fujimorismo, y no tanto su fortaleza propia. De hecho, en el sur andino y en el interior, la caída de la votación por Sánchez derivó en el crecimiento del ausentismo y de los votos nulos y en blanco, y no en una transferencia masiva hacia la derecha.

En este panorama, a pesar de que para la burguesía y el imperialismo norteamericano la llegada al poder de Fujimori representa de forma directa un triunfo, eso no significa que inicie su gobierno con un poder consolidado. La larga crisis de dominación política del Estado, los profundos padecimientos sociales de la población, las desilusiones con los partidos políticos tradicionales y la poca legitimidad de las instituciones tornan muy precaria la estabilidad política del país y le ponen fuertes condicionamientos a la política derechista y antiobrera del nuevo gobierno.

Por lo pronto, desde el punto de vista de los trabajadores, los desafíos por delante son enormes. Mientras es clave prepararse para los duros ataques que comienza a desplegar el nuevo gobierno ultraderechista, está pendiente una tarea estratégica doble. Por un lado, tras años de desacumulación en la organización sindical y estudiantil, se vuelve imperioso extender todo tipo de agrupamientos que permitan recuperar las fuerzas de los de abajo para fortalecer las peleas cotidianas.

Por otro lado, está la cuestión estratégica de avanzar en la reconstrucción del socialismo en sentido político, esto es, en la puesta en pie de un partido político socialista de la clase trabajadora. Una tarea que en Perú atraviesa la particular dificultad de que grandes franjas la población aún identifica a «la izquierda» con Sendero Luminoso, el partido maoísta basado en la lucha armada que llegó a perpetrar atentados incluso contra la propia población civil: un verdadero engendro del estalinismo que hasta hoy sirve para «macartear», o «terruquear» como se dice en Perú, a todo aquel que se diga de izquierda o esboce alguna idea de transformación social. Separar a la izquierda de este pasado estalinista implica construir, en la idea y en la práctica, el socialismo como lo que realmente es: la emancipación de la clase trabajadora por medio de su propia organización y movilización revolucionaria.

6. Colombia y la impotencia del Pacto Histórico

En junio también se realizaron elecciones presidenciales en Colombia, una nación que no sólo tiene importancia continental por tratarse de la cuarta economía latinoamericana, sino también porque durante las últimas décadas se había transformado, como suele decirse, en la «Israel de América Latina»: un bastión continental de la reacción política y expresión directa de los intereses de EEUU. Un país asediado por el narcotráfico y el control territorial de los paramilitares, con millones de pobladores desplazados de sus territorios, una fuerte restricción de las libertades democráticas y una profunda desigualdad económica y social. Así, el capitalismo narco-militar colombiano fue empujando a las masas a condiciones de vida insoportables, macerando un caldo de cultivo que llevó, en abril de 2021, a una rebelión en las calles que abrió el camino para la derrota electoral de la derecha tradicional en 2022.

Por medio del frente político Pacto Histórico, con un programa de reformas sociales limitado que no cuestiona la gran propiedad privada capitalista, Gustavo Petro ganó las elecciones de 2022 canalizando las demandas de la rebelión popular de meses atrás. Pero su experiencia de gobierno durante estos cuatro años fue realmente limitada en materia de reformas sociales, algo propio de esta época del capitalismo, que no admite grados de reforma sustanciales: por eso los gobiernos -ya sean de centro o de perfil antineoliberal- que prometen algunos cambios para «humanizar» la explotación y la opresión del capital terminan chocando contra la pared, provocando enormes desilusiones entre los explotados y oprimidos.

Así, a pesar de que Petro se ubicó de alguna manera «a la izquierda» de todas las últimas expresiones de perfil progresista -mucho más que Lula, que viene en un marcado giro al centro-, la realidad de Colombia tras cuatro años de mandato sigue siendo sustancialmente la misma: la gran propiedad de la tierra y las empresas sigue en manos de los capitalistas y, por lo tanto, no hubo una redistribución de los ingresos que modifique la enorme desigualdad social y la pobreza de las grandes mayorías. Sobre esta base de tibias reformas se montó la extrema derecha, que terminó ganando las elecciones de la mano de Abelardo de la Espriella, un abogado ligado al empresariado, el narcotráfico y las bandas paramilitares. Su programa fue una suerte de mix de lo que viene siendo la extrema derecha en la región: se alimentó de la prédica de mano dura al estilo Bukele, de las promesas de shock económico y ajuste feroz al estilo Milei, y de un ataque ideológico, como el de Trump, contra el «wokismo», el feminismo y el «marxismo cultural».

Por el lado del Pacto Histórico, el candidato fue Iván Cepeda, un reconocido referente de los derechos humanos de perfil de izquierda reformista, que obtuvo prácticamente la mitad de los votos: 12.708.312, frente a los 12.906.166 de De la Espriella. Un nivel de paridad que habla más de una situación de extrema polarización política que de un avance sustancial de la extrema derecha. Una realidad mucho más contradictoria, que expresa que las relaciones de fuerza más favorables conquistadas por la rebelión popular de 2021 aún siguen operando en la situación política de Colombia y que, por lo tanto, hay una clara tendencia a la organización y la lucha desde abajo que puede ser terreno propicio para la construcción de una tercera opción política de carácter socialista, anticapitalista y revolucionario.

7. La rebelión en Bolivia

El evento político más importante desde el punto de vista de la lucha de clases regional es la rebelión obrera y campesina que estalló en Bolivia durante mayo y junio, exigiendo la destitución del presidente Rodrigo Paz.    A través de decenas y decenas de bloqueos de rutas en buena parte del país, distintas organizaciones vecinales de El Alto, movimientos campesinos, sectores mineros y de la clase obrera se levantaron contra los feroces ataques del gobierno a sus derechos. Una acción contundente y radicalizada que no se veía en Bolivia desde hacía muchos años con semejante magnitud.

Las razones que explican esta rebelión son varias: algunas de alcance inmediato, otras nos remiten a motivaciones más estructurales. En primer lugar, como detonante inmediato, se trató de una reacción directa contra las medidas ultra capitalistas impulsadas por el nuevo gobierno. Mediante el Decreto Supremo 5503 se eliminó el subsidio a los combustibles, lo que derivó en un fuerte aumento del valor del diésel y la gasolina. Otro elemento que echó leña al fuego fue que el gobierno importó nafta de baja calidad que averió miles de vehículos, incluidos taxis y colectivos. En cuanto al ataque a los campesinos, se promulgó una ley de tierras que habilitaba que las parcelas comunitarias y la pequeña propiedad agraria pudieran usarse como garantía bancaria, permitiendo que fueran rematadas y privatizadas. Además, el gobierno lanzó un paquete de medidas económicas que incluyó la liberalización de las importaciones, el congelamiento de los salarios públicos, la anulación del impuesto a las grandes fortunas y el impulso de una reforma constitucional para favorecer la inversión extranjera en los recursos naturales.

Fue, entonces, una reacción defensiva para frenar al gobierno, y al comprobarse que este no daría marcha atrás con estas políticas, la lucha escaló hasta la demanda de renuncia del presidente. Así, de una lucha reivindicativa se pasó a una lucha política directa contra el gobierno.

En segundo lugar, amplios sectores de las masas resolvieron actuar así tras un período de fuertes desilusiones con las políticas del MAS de Evo Morales y de comprobar que la clase dominante boliviana estaba dispuesta a todo para arrebatar derechos sociales, como había mostrado con el golpe militar de 2019. La combinación de una larga crisis y de persistentes luchas sociales de los últimos años fue derribando la ilusión de que algún gobernante, por sí mismo, mejoraría las condiciones de vida. Puede decirse que «la mecha del pueblo» quedó corta: la rebelión comenzó apenas seis meses después de que asumiera el nuevo gobierno, y de que enormes franjas de la población hubieran votado al actual vicepresidente, Edman Lara Montaño, como garantía de que aplicaría determinadas políticas populares. Ante la evidencia de que el nuevo elenco gobernante era un enemigo abierto y declarado, y de que Lara Montaño no representaba ninguna garantía de las demandas sociales, un sector del movimiento de masas resolvió pasar a la acción. Sólo las reiteradas traiciones y la multitud de ataques sufridos explican una determinación tan rápida a «pasar al acto». Todo un cóctel que enardeció a la población, la volcó masivamente a las rutas y dio lugar a un evento verdaderamente histórico.

En tercer lugar, existe una fuerte tradición de lucha del movimiento de masas boliviano, que se remonta a varias gestas históricas que forman parte del acervo de armas adquiridas para el ejercicio de la lucha de clases. Un largo aprendizaje acumulado a través de las décadas, cuyos inicios pueden situarse, al menos, en la revolución obrera que derrotó al ejército del Estado burgués en 1952, y que continúa con el ascenso de la lucha de clases de la década de 1970 -con epicentro en la Asamblea Popular de 1971-, y luego con las jornadas de rebelión popular de comienzos del siglo XXI en torno a la «guerra del agua» (2000) y la «guerra del gas» (2003). Toda una serie de eventos de la lucha de clases, con distinto grado de profundidad y radicalidad, que tienen en común haber sedimentado una experiencia enraizada entre amplias capas sociales de la clase obrera y campesina. Una suerte de «tradición revolucionaria» que ha calado de forma extendida entre la población, pero que, contradictoriamente, le ha costado muchísimo condensarse en una herramienta política: en un fuerte partido propio de la clase trabajadora que le permita asimilar todas esas experiencias a lo largo de los años y, al mismo tiempo, ser la cabeza dirigente y organizadora de estas grandes luchas.

De hecho, puede verse otra vez, durante la rebelión de mayo-junio, la enorme dificultad para que emerja un polo dirigente independiente de la lucha, esto es, que no esté subordinado a la dirección burocrática de la COB o a alguno de los partidos reformistas, como el MAS, que sólo se han dedicado a gestionar el capitalismo. Un déficit de dirección revolucionaria que ha impedido que el proceso encuentre un verdadero carril para profundizarse en una verdadera huelga general que sumara, a la acción concentrada en las rutas y el territorio, la acción con epicentro en los centros productivos, las fábricas y las empresas de las grandes ciudades: lo que habría golpeado no sólo al gobierno de Paz sino a los cimientos sobre los que se sostiene la propia burguesía boliviana, ultrarreaccionaria y racista.

Los más de cien bloqueos de rutas le permitieron al movimiento de lucha adquirir atributos de poder alternativo al del Estado capitalista, en la medida en que logró impedir que la policía y el ejército monopolizaran sus fuerzas sobre porciones del territorio. Esto le permitió a las organizaciones campesinas y vecinales controlar la circulación del combustible, las mercancías y los alimentos hacia las ciudades. Sin embargo, el poder sobre el territorio no alcanzó a constituirse en un verdadero y orgánico doble poder, en tanto no se extendió hacia el corazón económico productivo.

Finalmente, al no lograr profundizarse, la rebelión se estancó y amplió los márgenes de maniobra para que fuera traicionada por la dirección burocrática de la COB, que pudo monopolizar en gran medida la representación de la lucha. Así, luego de semanas de negociación con el gobierno, la COB selló un pacto que constituye una verdadera traición a las demandas sociales: un acuerdo que significa una completa claudicación y que, además, le permitió a Paz dictar el estado de excepción para avanzar con el ejército sobre los cortes de ruta.

Por el momento, la dinámica de rebelión ingresó en un impasse, pero las causas inmediatas que la hicieron emerger no han sido resueltas, lo que indica que permanecerá latente en la situación política boliviana, como tendencia propia de un continente americano sacudido por los ataques cada vez más duros de los capitalistas.

8. Cuba: una encrucijada histórica

Uno de los ribetes más reaccionarios de la situación política en el continente es la creciente presión imperialista de EEUU sobre Cuba. Al histórico bloqueo económico que lleva décadas, en los últimos meses el gobierno de Trump sumó una intensificación de su política de asfixia, impidiendo la llegada de petróleo. Los resultados han sido catastróficos: una reducción drástica en el suministro de electricidad que dejó a la población sin servicio durante días, a las zonas campesinas sin combustible para el funcionamiento de la agricultura, a las escuelas sin funcionar y a los hospitales en una situación crítica.

La vida cotidiana se ha vuelto dramática y golpea sobre un fondo de empobrecimiento de las condiciones materiales y de creciente desigualdad social, producto de las políticas de liberalización económica que el Partido Comunista gobernante viene aplicando a lo largo de los años. Una situación combinada que ha colocado a Cuba en una encrucijada histórica.

Durante los últimos años, la dirección política del Partido Comunista de Cuba (PCC) ingresó de forma cada vez más intensa en un proceso de restauración capitalista, centralmente por medio del fomento del turismo y la gastronomía privados. Esta dinámica implicó el resurgimiento de una nueva burguesía que va ganando posiciones para pujar por convertirse en clase dominante⁴ y reintroducir de forma completa el capitalismo en la isla. Pero las cosas tomaron un giro aún más abrupto cuando, a mediados de junio, el presidente Díaz-Canel anunció una lista de 176 medidas de apertura económica: el paquete de reformas pro-capitalistas más profundo desde la década de los noventa. El corazón de los nuevos lineamientos es transformar las empresas del Estado en entidades mixtas con capital privado, siguiendo los pasos del modelo chino de restauración capitalista que, durante años, sirvió de guía para el propio Raúl Castro.

Pero las reformas no se agotan ahí; tienen un alcance mucho más amplio. Como señalan desde la corriente política cubana «Comunistas Cuba», las principales medidas suponen la adopción de la banca privada, la autorización a ser propietario de tantas empresas como se pueda, la libertad de las empresas privadas para contratar y pagar según su conveniencia, la desaparición completa del monopolio del comercio exterior y el pago de la deuda externa mediante la venta de activos nacionales.⁵

De ahí que, en la actualidad, Cuba esté bajo un peligro inédito: que la brutal crisis social, económica y política, agravada por las agresiones imperialistas de Trump, sea aprovechada para tirar abajo lo que aún sigue en pie producto de la revolución y se ingrese de lleno en una «vía al capitalismo». Una transición que, de todos modos, no parece un camino sencillo, en particular porque en el estado actual del bloqueo comercial que sufre la isla es prácticamente imposible el ingreso de nuevos capitales que inyecten dinamismo en una economía sumamente deteriorada.

De hecho, lo que hemos visto en el último tiempo es más bien el proceso contrario. El disparador fue la orden ejecutiva que Trump firmó el 1° de mayo, que endurece el bloqueo y fija como blanco explícito a GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado que controlan las Fuerzas Armadas cubanas y que maneja gran parte del turismo, los puertos, el comercio exterior y las finanzas de la isla. La resolución establece que toda empresa internacional que a partir del 5 de junio mantenga vínculos con GAESA sufrirá represalias: sanciones, bloqueo del sistema financiero, congelamiento de activos, prohibiciones bancarias, entre otras. Desde entonces se sucedieron los anuncios de retirada de capitales: cadenas hoteleras como Meliá, Iberostar, Blue Diamond Resorts y Barceló dejaron de operar decenas de hoteles; en el transporte de carga, las navieras CMA CGM, de Francia, y Hapag-Lloyd, de Alemania, suspendieron reservas hacia y desde la isla; en el sistema de pagos, un banco extranjero anunció que dejaba de operar, cortando los servicios de Visa y Mastercard. Una verdadera huida de empresas que tiene un solo objetivo por parte de EEUU: expulsar a determinadas fracciones del capital para que luego puedan ingresar los capitales norteamericanos, en un claro proyecto de recolonización imperialista.

Por lo pronto, mientras la crisis social y económica sigue profundizándose, EEUU está tratando de replicar en Cuba algún tipo de «salida política», siguiendo los pasos de Venezuela, donde un sector del partido gobernante, tras el secuestro de Maduro, inició una estrecha colaboración política con Trump para encaminar algún tipo de llamado a elecciones. Así, en Cuba hay todo tipo de tratativas y negociaciones que buscan dividir las filas del Partido Comunista y encontrar algún sector proclive a tomar un curso aperturista en el plano político, aunque aún no está claro si existen bases efectivas entre la burocracia gobernante para ir en esa dirección.

Frente a estos ataques redoblados del imperialismo, tanto en sus provocaciones militares como en su política criminal de asfixia económica sobre la isla, es clave la más amplia solidaridad internacional con el pueblo cubano, exigiendo el inmediato fin del inhumano bloqueo comercial y el envío de petróleo para detener la grave crisis energética. Pero al mismo tiempo hay que señalar que la política de restauración capitalista de la burocracia gobernante no se trata de ir hacia alguna una forma de «socialismo de mercado» a la china, sino de una vía directa hacia el capitalismo y la recolonización imperialista, que profundizará la miseria del conjunto de la clase trabajadora y el pueblo cubano.

9. La cuestión del doble poder

La rebelión obrera y campesina en Bolivia y la rebelión «vecinal» en Minnesota contra el ICE tienen muchísimas diferencias sociales, políticas e ideológicas. Pero en este contexto de ataques radicalizados de los gobiernos, cuando estos pretenden arrasar conquistas y relaciones de fuerza entre las clases, comienzan a aparecer rasgos de resistencia comunes que no son propios de este período político actual sino más bien universales de la época histórica del capitalismo: emergen cuando los explotados y oprimidos desencadenan una lucha sostenida, persistente y con fuerza frente a la clase dominante, el Estado burgués y su brazo armado. Nos referimos a la tendencia a la autoorganización desde abajo, a emprender el camino de la autodeterminación al calor del proceso de lucha, a tomar en sus propias manos la decisión de intervenir en las cuestiones políticas, de pasar de ser atacados por las fuerzas del orden a posicionarse como actores protagónicos del curso histórico.

En situaciones «normales» de la lucha de clases -cuando se suceden luchas reivindicativas acotadas a demandas parciales, las direcciones sindicales son mayoritariamente reformistas y no hay radicalización en los métodos de acción- el grado de polarización alcanzado en el enfrentamiento no llega a cuestionar el poder de quien ataca. Pero cuando los bandos en disputa tienden a mantenerse firmes y los explotados y oprimidos persisten en su demanda a lo largo del tiempo, existe la posibilidad de que esa determinación se mantenga, crezca, gane capas sociales mayores y adquiera mayor cohesión y moral de resistencia. A partir de esta «escalada» existe la posibilidad de que el proceso adquiera un nivel mayor en su grado de organización: que las organizaciones tradicionales que canalizan las demandas sean superadas por otras nuevas, o que las ya existentes se conviertan en verdaderos centros de poder que dirigen el proceso, lo que clásicamente, desde Lenin y Trotsky en adelante, se denomina «doble poder».

De ser organismos puramente sindicales -un sindicato minero, una junta vecinal en Bolivia- a pasar a ser coordinadoras que nucleen distintos centros productivos, obreros, campesinos y vecinales, como comenzó a delinearse en algunos barrios de El Alto. De desarrollarse aún más esta dinámica e incorporar a sectores de trabajadores de las fábricas y empresas, estas coordinadoras pueden ir adquiriendo funciones superiores en su capacidad de acción e influencia sobre el curso de la lucha: de organizar los cortes de ruta a dirigir la huelga efectiva en los centros productivos; de tener poder de bloqueo del comercio, cortando la circulación de mercancías y personas, a un poder de bloqueo de la producción y, por lo tanto, también de poder poner a la economía bajo su control y planificación; de ejercer un poder en el territorio a ejercerlo en los lugares de trabajo.

Como señalamos antes, se trata de una dinámica que no llegó a desarrollarse en Bolivia y muchos menos en Minnesota. De haberlo hecho, el país andino hubiese ingresado en una verdadera revolución social, y no sólo, como pudimos apreciar a lo largo de mayo y junio, en una rebelión de vanguardia de masas. Sin embargo, la tendencia a la constitución de un doble poder sigue latente para dar un salto de calidad en las experiencias de lucha del presente período, y por eso forma parte de la perspectiva que el socialismo revolucionario sostiene como elemento central para que la clase trabajadora sea la protagonista de los próximos eventos históricos.

10. El resurgir de la cuestión nacional

Como podemos apreciar en cada uno de los países de América Latina, los ataques del imperialismo se han intensificado. Y no sólo entre los que mencionamos antes. Recordemos que Trump inició su segundo mandato con amenazas de anexar Groenlandia, tomar el control del Canal de Panamá o provocar cotidianamente a los distintos gobiernos que no le responden, como el Brasil de Lula o la Colombia del saliente Petro.

Estas agresiones vienen reflotando con fuerza todo tipo de cuestiones que habían sido parte del paisaje habitual de los asuntos políticos del siglo XX: las agresiones militares, los ataques y restricciones a las libertades democráticas, las políticas que favorecen la extranjerización de la tierra y los reclamos de soberanía territorial. Una multiplicidad de «frentes» donde se expresan las presiones cada vez mayores del imperialismo y de los capitalistas nativos de cada país, tanto en materia de explotación de los trabajadores como de opresión de las naciones sometidas a su égida.

No es de extrañar que, por obra de estas agresiones, resurjan demandas sociales vinculadas con la defensa frente a estos ataques y en particular cobre fuerza lo que clásicamente se denominó «las causas nacionales»: demandas históricas de las naciones y pueblos oprimidos que no han sido resueltas y que se refieren a cuestiones que afectan a la nación de un Estado como un todo, no sólo a los explotados y oprimidos. El abanico de estas cuestiones puede ser muy amplio y se refiere, en general, al derecho de una nación a su autodeterminación libre, soberana y democrática. Un derecho que, por caso, fue claramente atacado por EEUU cuando invadió Venezuela, secuestró a su presidente e inició una suerte de cogobierno con el chavismo residual al mando de la nación.

La afectación de la soberanía de una nación puede ser total, como sucede con Puerto Rico, que sigue siendo una colonia de EEUU, o parcial, como sucede en Argentina con las Islas Malvinas, ocupadas militarmente por Inglaterra desde 1833. Una demanda que había quedado opacada tras la derrota en la guerra de 1982, pero que en este contexto político internacional volvió a potenciarse en medio del Mundial de fútbol, instalándose en amplias capas de la población en una clave política que se opone por el vértice a la posición extremadamente cipaya del gobierno de Milei. Si durante años, y como producto de la derrota frente al imperialismo británico, se desplegó el operativo conocido como «desmalvinización» -dirigido a borrar el reclamo de soberanía-, ahora atravesamos un nuevo momento político en el que ese reclamo vuelve a formar parte de los pliegos de demandas populares. De ahí que cuando el 6 de agosto decenas de miles derrotaran en las calles la ley de extranjerización de tierras promovida por Milei, se incorpore entre sus consignas centrales el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas, algo muy poco habitual en los últimos años.

Vale decir, además, que las causas nacionales no sólo cobran fuerza en América Latina, sino que se inscriben en la nueva época de agresiones imperialistas globales, y brotan en cada continente con distinto grado de intensidad. La más potente es, sin dudas, la causa nacional del pueblo palestino por su derecho a la existencia y la autodeterminación, que ha concitado el apoyo internacional de los explotados y oprimidos y producido las movilizaciones más grandes en décadas, en decenas de países, contra el genocidio del Estado de Israel. O el caso de Ucrania, donde tras la invasión rusa volvió a cobrar fuerza el reclamo histórico de su libre autodeterminación como nación: no sólo en el sentido de lograr la expulsión de las tropas rusas de su territorio ocupado, sino también que la OTAN y las potencias imperialistas de Europa y de EEUU no la utilicen como un alfil de su juego geopolítico contra Rusia.

Pero volviendo al continente americano, los reclamos nacionales vienen cobrando cada vez más relieve y tenderán a ser parte de los asuntos políticos centrales del nuevo período histórico. Lo que nos remite a una consideración política más general sobre las distintas «variedades» de reclamos nacionales. Por un lado, están las causas nacionales de los países oprimidos, que son progresivas y es fundamental apoyar; y por otro, existen los «reclamos» nacionales de los países imperialistas o de las grandes potencias regionales, que explotan el nacionalismo contra las naciones y los pueblos oprimidos.

En la época actual, la burguesía de los países oprimidos es sumamente débil y se ha convertido, ya hace muchas décadas, en un apéndice de los capitales imperialistas. Por lo tanto, carece del poder material y de la voluntad política efectiva para emprender un camino de resolución de las causas nacionales; al contrario, prefiere seguir como una sombra los dictados de las grandes potencias. Esta «vacancia política» respecto de quién puede ponerse a la cabeza de resolver estas cuestiones nos lleva a señalar que sólo la clase trabajadora de los países oprimidos tiene un interés real y un poder efectivo para dar una pelea consecuente por una verdadera e integral resolución. Este ha sido históricamente el planteo del marxismo respecto de la necesidad de unir las luchas de la clase trabajadora con las demandas nacionales de los países semicoloniales, y las condiciones actuales del mundo, donde persiste la división entre países imperialistas y países oprimidos, hacen que esta orientación siga vigente desde una perspectiva antiimperialista consecuente.

11. La reconstrucción del socialismo

La clase trabajadora y el movimiento de masas en general están ingresando a esta nueva época histórica con una fuerte contradicción: acumulan enormes experiencias de lucha, rebeliones y muy ricos procesos de organización, pero adolecen de una enorme debilidad política porque carecen de fuertes partidos políticos propios, independientes y de lucha. Mientras el imperialismo aprovechó los últimos diez años para armar partidos ultraderechistas que se pusieron a tono con esta nueva realidad mundial, los explotados y oprimidos están muy rezagados en esta tarea, y la experiencia es tozuda: las circunstancias imponen construir esas nuevas organizaciones al calor de las batallas actuales de la lucha de clases.

Esta desigualdad en las «velocidades» con que las clases llegan a los combates sólo puede subsanarse con la persistente y trabajosa tarea de construcción política, sosteniendo con firmeza la independencia política de clase contra viento y marea. Un partido propio e independiente de la clase trabajadora no puede hacerse de un día para el otro, ni siquiera durante los ascensos revolucionarios: es una tarea de largo aliento, de trabajo de base «gris y cotidiano», al decir de Lenin. Aunque por momentos parezca muy difícil y cueste que dé frutos, hay épocas en que los asuntos políticos dan giros y lo que hoy es un auditorio de minorías, mañana se vuelve el «sentido común» de millones.

Si hoy están a la ofensiva las ideas «trumpistas», mañana, tras haber vivido con el cuerpo y el alma las consecuencias opresivas que estas políticas tienen para las grandes mayorías, los y las trabajadoras comenzarán a sacar conclusiones. De hecho, es algo que ya ha comenzado en distintos países, como señalamos antes en el propio EEUU donde las simpatías con el ideario del socialismo comienzan a crecer de forma sostenida.

Desde el punto de vista de las tareas que hoy nos plantea la lucha de clases, lo más estratégico es reconstruir la organización socialista revolucionaria en todo el continente a partir de una orientación específica basada en impulsar la lucha contra la actual ofensiva imperialista y capitalista, al mismo tiempo que sosteniendo la más firme independencia política frente a las corrientes reformistas y de conciliación de clases. Una política que parte de las necesidades actuales de la lucha en un momento centralmente defensivo, y que por lo tanto se vale de las más diversas tácticas para fortalecer la lucha de los explotados y oprimidos: el impulso del frente único de lucha, la defensa de las causas nacionales contra el imperialismo, la más amplia unidad de acción en defensa de las libertades democráticas y los agrupamientos de frente único en el terreno sindical.

Frente a esto, hay que desarrollar sin concesiones la crítica a la impotencia de los partidos de tipo «progresista» para derrotar los planes del imperialismo y la extrema derecha. Se trata de formaciones políticas que están literalmente «fuera de época»: ya ni son útiles al movimiento de masas para obtener mejoras parciales dentro del capitalismo, ni tampoco para detener los ataques reaccionarios de la extrema derecha.

En conclusión, el continente americano atraviesa un período de intensa agitación política que no es coyuntural, sino propio de la nueva época internacional que está naciendo. La ofensiva imperialista de Trump y sus expresiones locales de extrema derecha avanzan sobre derechos históricos, recursos naturales y soberanías nacionales, pero encuentran del otro lado un movimiento de masas que, de Minnesota a El Alto, de Lima a las calles de Buenos Aires, demuestra una y otra vez su capacidad de resistencia y de irrupción política.

Sin embargo, ninguno de estos procesos de lucha ha logrado, hasta el momento, traducir esa enorme fuerza social en una alternativa política propia de la clase trabajadora. Y sin la reconstrucción de una profunda conciencia socialista y partidos revolucionarios independientes, capaces de unificar las luchas reivindicativas, las causas nacionales y desarrollar la perspectiva del doble poder en un programa de ruptura con el capitalismo, las energías de las rebeliones corren el riesgo de disiparse en el reformismo o de ser derrotada por la ofensiva reaccionaria. Por tanto, la tarea más importante del período es nutrirse de las renovadas fuerzas que emergen desde abajo para refundar el socialismo como nuevo horizonte civilizatorio.

Bibliografía

• AtlasIntel & Bloomberg. (2026, junio). Informe Latam Pulse.
•  Chang, H.-J. (2026, 23 de junio). El fin del viejo orden económico es una oportunidad para la izquierda [Entrevista]. Jacobinlat.com.
• Dacal Díaz, A. (2026, 30 de junio). Cuba: los espejismos de la reforma. Sinpermiso.info.
• Labaqui, I. (2026, 28 de junio). No hay giro a la derecha en América Latina. Portal Seúl.
• The Economist. (2027, 27 de junio). The Trumpification of Latin America.
• Toussaint, E. (2026, 20 de junio). Cuba: abandonada por sus posibles aliados. Viento Sur.

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1. Entrevista a Juan Negri, «América Latina: ¿giro a la derecha o castigo para los oficialismos?», Portal El Economista, 2 de julio de 2026. ↩︎
2. Ver Declaración de la OST del 13 de enero de 2026: https://ostsocialista.com/2026/01/13/fuera-las-manos-de-trump-de-venezuela/ ↩︎
3. Para un análisis más detallado de la situación política en Argentina puede verse el informe del 2do Plenario Nacional de la OST, diciembre de 2025: https://ostsocialista.com/2025/12/30/documento-nacional-organizar-las-fuerzas-para-enfrentar-las-reformas-de-milei-y-los-empresarios/ ↩︎
4. Si bien la privatización de los medios de producción creció en determinadas ramas de la económica en los últimos, esto no ha alcanzado para convertir a la sociedad cubana en una economía capitalista donde la clase dominante sea la burguesía. Por lo tanto, no puede decirse que en Cuba ya haya sido restaurado el capitalismo, sino que aún pervive una economía estatizada en donde mayor medida donde el control dominante de sus palancas fundamentales sigue estando en manos de la casta burocrática del PCC. ↩︎
5. Ver la declaración completa de «Comunistas Cuba» en: https://www.comunistascuba.org/2026/06/nuestro-programa-ante-la-transicion.html ↩︎